Legisladores revisan también propuesta legal que pretende incorporar el delito de violencia en el noviazgo.
En el Congreso Local se ha propuesto que los casos de abuso sexual por parte de algún servidor público cometido ejercicio sea castigado con una pena máxima de viente años de prisión, además de las penas previstas, la destitución de su cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público mínimo por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
La Comisión de Justicia llevó a cabo el análisis de seis iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, entre ellas dos fueron suscritas por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena quien planteó la modificación en la pena del delito de abuso sexual cometido por cualquier servidor público.
En este sentido, el iniciante refirió que es reprobable que existan casos de abuso por parte de los servidores públicos, por lo que consideró que es momento de darles certeza a las víctimas de dicho delito sexual, quienes cargan con daños psicológicos y físicos.
Al hacer uso de la voz, Elizabeth Durán, representante de la Fiscalía General de Justicia comentó que el objetivo de la iniciativa es favorable; sin embargo, consideró que es importante cuidar los principios que rigen en materia penal, ya que de lo contrario se podría caer en un exceso y cuestiones de inconstitucionalidad. Asimismo, destacó la importancia de reflexionar sobre los rangos de punibilidad en la sanción prisión, ya que actualmente resultan mínimos en comparación con las afectaciones que este tipo de hechos dejan en las víctimas, más si son menores de edad.
Por su parte, Carlos Rodríguez de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado coincidió con lo expuesto con su antecesora en el sentido de los principios para señalar el parámetro de las penas punitivas consideradas en el Código Penal, por lo que dijo es importante que se considere ponderar la pertinencia de que los 20 años de inhabilitación pudieran ser menores y en proporción a las penas que se están señalando en el delito de abuso sexual.
La diputada Cristina Márquez comentó que derivado de lo comentado por los funcionarios estatales es necesario realizar una adecuación a la penalidad para que sea proporcional, por lo que propuso que se establezca la inhabilitación de hasta 10 años.
En una segunda participación, Elizabeth Durán consideró que es necesario hacer un diagnóstico integral del Código Penal en la materia, a fin de revisar las penas de prisión por el delito de índole sexual y no solo hacer una reforma.
Al respecto, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y el magistrado Víctor Pérez Hernández coincidieron en un análisis integral del Código Penal para no violar la proporcionalidad del sistema jurídico y que las penas sean congruentes en toda la legislación.
Finalmente, la diputada Cristina Márquez pidió la elaboración del dictamen en sentido positivo con las modificaciones planteadas.
Violencia en el noviazgo
La segunda propuesta legal pretende incorporar el delito de violencia en el noviazgo. Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Prieto Gallardo comentó que la iniciativa surge del aumento de la violencia en el noviazgo, ya que dijo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 de adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo.
Precisó que la propuesta busca establecer la violencia en el noviazgo como un delito cuando una persona cometa contra la otra de manera intencional durante la relación de pareja, sea ésta de tipo sexual, física, psicológica o económica, y que, además, dañe la autoestima, la integridad, la libertad o la seguridad del pasivo, con el objeto de controlar, humillar, intimidar, someter o dominar, impidiendo su libre desarrollo y el ejercicio de sus derechos. La propuesta plantea que se sancione de uno a seis años de prisión.
La magistrada Gloria Jasso Bravo expuso que el objetivo es positivo; sin embargo, consideró que la propuesta no y realizó diversos comentarios sobre la redacción de los artículos que se busca modificar.
Por su parte, Elizabeth Duran subrayó la importancia de cuidar los términos de la propuesta y buscar una alternativa mayor en la incorporación del concepto violencia en el noviazgo, tal como lo propone el iniciante.
En su intervención, Carlos Rodríguez expuso que lo referido en el objetivo de la propuesta legal ya se encuentra un artículo equiparado, por lo que dijo, no es necesaria la integración de un nuevo artículo.
El diputado Ernesto Prieto insistió en que la figura de violencia en el noviazgo es una cuestión más específica que lo establecido en otras legislaciones, por lo que pidió que sea agregado en el Código Penal, tal como lo expone en su iniciativa.
Durante su participación, la diputada Cristina Márquez consideró que es necesario revisar la legislación de otros estados en la materia y expuso diversas dudas sobre la penalidad que se propone. De igual forma, comentó que se pudiera plantear una nueva iniciativa para que se perfeccione lo solicitado por el iniciante.
Por su parte, el legislador pidió que se diera más tiempo de análisis para que se corrija la propuesta legal. En este sentido, la diputada coincidió con su antecesor y comentó que se continuará con su revisión en una segunda reunión.
