Por: Oscar Alzaga*
Los grandes empresarios, sus despachos, autoridades del trabajo, los gobiernos neoliberales, sus partidos, centrales del PRI y los sindicatos, llegaron al desenfreno extremo en la destrucción de los derechos laborales, por la vía de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) o sin reformas, en los hechos, violando una a una las normas y poniendo en aumento la crisis del Estado de Derecho nacional de 1982 a 2018.
Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), obligó al gobierno de Calderón en 2011 a reformar el artículo 1° de la Ley Suprema, para integrar los derechos humanos universales en ella, debido al altísimo número de personas desaparecidas y muertes en México. En el texto se aceptó la reforma constitucional, pero no en la realidad. Apenas se plasmó en la Constitución cuando en 2012 firman el Pacto por México, como base desenfrenada de las reformas inconstitucionales: la laboral, educativa, energética, comunicación, etc.
Igual ocurrió con los derechos humanos laborales y sindicales, todos se ignoraron y peor aún, se actuó fuera de la ley en contra de ellos; con Salinas crecen como nunca los contratos colectivos patronales; con Peña Nieto se llegó a cero huelgas con fiestas en Palacio Nacional; las grandes centrales y sindicatos del PRI dejaron de ser charros para subordinarse plenamente al mando patronal y las empresas se transformaron en subcontratistas ilegales a la vista con la complicidad y apoyo abierto de los gobiernos neoliberales.
La secretaria de Trabajo estima que hoy existen 5 millones de personas en la subcontratación; que 6 mil empresas operan de modo “abusivo” y provocan la evasión 21 mil millones de pesos anuales. Pero aclaremos: no es la subcontratación un hecho aislado, fue parte de una cadena de una política nacional en contra de los trabajadores del país y, descaradamente, en favor de los grandes empresarios extranjeros y nacionales que operan en maquiladoras y las grandes empresas.
Hasta que el 15 de enero de 2020, Andrés Manuel López Obrador y un equipo de su gobierno, le declaran la guerra a la subcontratación ilegal.
La legal es la que justifica su labor temporal en obras de especialidad, que no realizan las empresas con sus trabajadores permanentemente.
Por la vía de los hechos inició la subcontratación con Salinas y el TLCAN para favorecer a las maquiladoras de la frontera norte, pero pronto se extendió a todo el país. Además, Calderón supo escuchar a la patronal y sus necesidades ilegales, por lo cual llevó la subcontratación a la reforma laboral de 2012. Tolerando Peña a la más abusiva e ilegal, al dejar que el IMSS e INFONAVIT no recibieran cuotas, ni Hacienda impuestos, y que Peña obligara a las centrales y sindicatos aliados al PRI a que doblaran las manos.
Mientras tanto, otros patrones prefirieron formar sus propios sindicatos, como Germán Larrea y Grupo México, Alberto Bailleres y Peñoles, Alonso Ancira y Altos Hornos de México y otros, quienes con el apoyo de los gobiernos del PRI y PAN de 2015 a 2018 le impusieron al Sindicato Minero el saqueo de contratos colectivos, el despido de sindicalistas o subordinación de algunos líderes. En conjunto, estos empresarios extendieron la subcontratación a sus empresas.
Será hasta el nuevo gobierno cuando se ataque esta práctica y política de la subcontratación desenfrenada, abusiva e ilegal. Recordemos que en octubre de 2019 el senador Napoleón Gómez Urrutia impulsó la reforma para reglamentar la subcontratación, con la oposición patronal, la del PRI-PAN, y también con la oposición de una parte de Morena, al frente Ricardo Monreal y hasta de Luisa Alcalde, quien ya cambió.
Nadie puede olvidar el origen del PAN, porque hoy sigue la política que le vio nacer, junto con Coparmex y los sindicatos blancos o patronales, en abierta oposición a la Constitución, la LFT y el cardenismo de 1934-1940, en la línea patronal de los empresarios de Monterrey en 1939.
Pero el PRI, que siempre reclamó ser heredero en línea directa de la Revolución del 1910, de la Constitución del 1917 y el cardenismo, se reveló traidor de lo mejor de México y su historia al abrazar el neoliberalismo de 1982 a 2018. Y arrastró en su degradación a las organizaciones de trabajadores, campesinos y populares, incluidos los profesionistas, a grados insospechados de corrupción. El PRI terminó abrazando el porfirismo, el alemanismo y a otros herederos de Iturbide y Santa Ana.
El PRD y otros partidos menores no se definen u oscilan a favor y en contra del neoliberalismo, que es la misma postura conservadora del siglo XIX. Incluso en Morena algunos coquetean con esa ideología.
Pero la lucha contra la subcontratación y las violaciones a los derechos laborales y sindicales no son ni serán fáciles, porque solo el gobierno no podrá si los mismos trabajadores no participan, si ellos no hacen suya esta lucha desde abajo por restablecer el Estado de Derecho. Aún está pendiente cambiar el principal tribunal de justicia laboral y sindical: la Junta Federal que se mantiene igual que antes, con los viejos vicios y taras en que tanto se empeñaron los gobiernos anteriores.
En este ámbito, y en los demás de toda la sociedad, la situación reclama otra ciudadanía más activa, participativa y propositiva, porque corremos el riesgo de que los cambios sean parciales o exclusivos del gobierno, cuando el cambio más profundo solo puede venir de abajo y de la mayoría.
*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
