De acuerdo al estudio “Magnitud del Impacto Social del COVID-19 en México, y Alternativas para Amortiguarlo”, del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), debido al impacto económico del COVID-19, en México se esperan 12.2 millones de pobres adicionales a nivel nacional, si el gobierno federal no implementa medidas económicas de apoyo ni políticas de amortiguamiento.

El estudio presenta un escenario donde, entre marzo y mayo del 2020, se perdieron un millón de empleos formales y contempla una caída anual del PIB de 8%, lo que implicaría un aumento en la pobreza de 12.2 millones de personas y una reducción en la clase media de 11.5 millones de personas. Catorce entidades concentran el 73% del impacto, equivalente a 9 de los 12.2 millones adicionales de personas en pobreza.

Actualmente, en Guanajuato, 27.5% de la población está en pobreza. Después de los efectos económicos de la pandemia, se estima que este porcentaje se eleve a 39.5%. De los 12.2 millones adicionales de personas en pobreza a nivel nacional, se espera que 726,000 provengan del estado de Guanajuato.

Para evitar que 99% de 12.2 millones de personas caigan en la pobreza, se propone:

1. Tres salarios mínimos a trabajadores por cuenta propia, lo que tendría un impacto de 38% y evitaría que 4.68 millones de personas cayeran en la pobreza (73% de ellos regresa a la clase media vulnerable y 27% a la consolidada)

2. Recalendarización de tres meses de pagos de ISR y seguridad social a trabajadores formales, lo que tendría un impacto de 27% y evitaría que 3.34 millones de personas cayeran en la pobreza (1.6 millones regresaría a la clase media vulnerable y el resto a la clase media consolidada)

3. Seguro de desempleo de 6 salarios mínimos, lo que tendría un impacto de 19% y evitaría que 2.35 millones de personas cayeran en la pobreza (regresarían a la clase media).

4. Duplicar apoyos de Programas Sociales del 2018 por 3 meses, lo que tendría un impacto de 14% y evitaría que 73 millones de personas cayeran en la pobreza (regresarían a la clase media vulnerable).

Como en cualquier otra parte del mundo, en México la crisis económica producto de la emergencia sanitaria afectará más a quienes menos tienen. Organismos nacionales e internacionales calculan que, como producto de la pandemia, entre 9 y 12 millones mexicanos y mexicanas en el país caerán en la pobreza próximamente. Estos se añadirían a la ya de por si preocupante cifra de 61.1 millones de pobres por ingresos (48% de la población total) que según Coneval (2018) no pueden adquirir siquiera la canasta alimentaria, ni bienes y servicios básicos.

A diferencia de otros países que además de apoyos directos a la población más desposeída han implementado diversas medidas dirigidas a la supervivencia o apoyo a empresas de todos tamaños para que puedan preservar el empleo, el gobierno ha decidido mantener básicamente inalterado su programa de gobierno: continuar sus programas prioritarios anunciados desde diciembre de 2018, mantener sus proyectos de infraestructura y proseguir con sus programas sociales de bienestar.

Aparte de esto, ha anunciado el adelanto (lo cual implica descontar después) de dos bimestres de la pensión universal de adultos mayores y discapacitados, reforzar los programas sociales de Tandas al Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro (sin presupuesto adicional) y fortalecer la política de austeridad.

La única nueva medida ante la crisis del COVID-19 ha sido la de ofrecer 2 millones de créditos a la palabra a pequeñas empresas y negocios informales cada uno por 25,000 pesos. Este apoyo no tendría costo fiscal pues es un crédito pagadero en un plazo de tres años y con tasa de interés del 6% pero ante la magnitud de la crisis la medida resulta francamente insuficiente.

Fuente: SOY BARRIO