Con el objeto de sancionar con mayor severidad las agresiones y comportamientos violentos perpetrados contra servidores públicos del área de salud, la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del grupo parlamentario del partido Morena, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada María Magdalena Rosales Cruz indicó que la pandemia de la Covid-19 ha traído muchos retos en lo que se refiere a tratar de coadyuvar para que la contingencia afecte lo menos posible a la población.

“La pandemia nos ha enfrentado con muchos problemas, uno de los cuales consiste en las indignantes agresiones de las que está siendo víctima el personal de salud, hechos que constituyen la razón de la presente iniciativa, al promover aumentar la punibilidad de esas agresiones”, indicó la legisladora.

Agregó que el personal de salud ha sido blanco de agresiones y actos violentos poniendo en riesgo su salud, integridad y su vida; y que la violencia no sólo se da en sus espacios laborales y por parte de las personas que tienen contacto directo con ellos, sino que en el espacio público se han reproducido esos actos de discriminación.

Rosales Cruz afirmó que desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril pasados, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recibió quejas desde 26 estados del país por insultos, burlas, amenazas, maltratos, hostigamiento vecinal a trabajadoras y trabajadores de centros de salud, médicos, enfermeros y estudiantes de medicina; y que desde Guanajuato se habían recibido 5 quejas.

“La violencia contra quienes protegen la vida de las personas es un acto totalmente incomprensible, aberrante y contradictorio que no debe ser tolerado y, por ello, consideramos razonable y pertinente la presentación de esta iniciativa que pretende aumentar la punibilidad del delito de lesiones cuando la víctima sea personal de salud”, enfatizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Fotografía de El Debate