El legislador salmantino Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, formuló una propuesta de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a fin de que, en el ámbito de sus facultades, remueva al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.
Además de dar inicio al proceso de remoción del titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre debido a sus nulos resultados en la prevención social de la violencia y la delincuencia, seguridad, reinserción social y protección ciudadana, así como de la procuración de justicia en el Estado.
En la exposición de motivos, el legislador hizo referencia a los actos de violencia que se han presentado en los últimos meses en la entidad, como lo es la irrupción de un grupo armado al centro nocturno “Cabaña del Toro”, donde el saldo hasta ahora es de 11 defunciones y una mujer lesionada, y la localización de 8 fosas con al menos 13 cuerpos en la comunidad El Conejo en el municipio de Irapuato.
“La ciudadanía se encuentra realizando el trabajo que, tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como a la Fiscalía General del Estado, han dejado de realizar pues el puesto les ha quedado grande. Prueba de lo anterior es que colectivos como <A tu encuentro> y <Sembrando comunidad> invitaron a los familiares de personas desaparecidas a acudir a las instalaciones de la Agencia Especializada en homicidios de la Fiscalía, pues podría existir la posibilidad que en las fosas halladas estuvieran sus familiares”, dijo.
El legislador comentó que los colectivos han pedido a las autoridades estatales realizar mesas de trabajo con la finalidad de dar con el paradero de todas las personas desaparecidas en el estado, sin embargo, no se les ha dado esa oportunidad de diálogo.
“En Guanajuato se miente; se miente cuando la Fiscalía afirma que, gracias a sus protocolos de búsqueda, la ubicación de las personas se da en un lapso no mayor a las 72 horas posteriores a la recepción de la denuncia. Si esta aseveración tuviera algo de cierta, no existirían colectivos que durante años han buscado a sus familiares sin respuestas por parte del estado. La realidad del estado de Guanajuato ha sobrepasado a las autoridades estatales, donde es imposible contrarrestarla con simple publicidad de que aquí sí hay Grandeza. Esta publicidad llena de mentiras y evasiones a los cuestionamientos críticos no nos regresan a miles de guanajuatenses que han perdido la vida por la incompetencia tanto del Secretario de Seguridad Pública del Estado como del Fiscal General del Estado”, finalizó.
La propuesta de punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
