La diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, formularon un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a fin de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emita una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, derivado de los actos generalizados de violencia contra las mujeres que se vive en la entidad.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz indicó que la alerta de violencia de género era un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tenía como objetivo garantizar la seguridad, eliminar las desigualdades y el cese de la violencia en su contra.
Asimismo, subrayó que la violencia de género era un tema prioritario y que ha cobrado máxima importancia en los últimos tiempos, pues la mayoría de las mujeres han sido víctimas de al menos algún tipo de violencia, y todas tenían el riesgo de sufrir alguna agresión sólo por el hecho de ser mujeres; situación que, dijo, limitaba su libertad y las colocaba en un riesgo permanente.
Rosales Cruz subrayó que tan sólo en los primeros cuatro meses de este año ya se han tipificado 11 casos como feminicidio, mientras que durante todo 2020 se alcanzó la cifra total de 8.
“Este Congreso tiene una gran responsabilidad para revertir la situación de violencia que se ha vuelto cotidiana y que afecta especialmente a las mujeres, tenemos que recordar que cada caso de una mujer asesinada es un nuevo fracaso para todas y todos como miembros de una sociedad, y en particular para las instituciones”, enfatizó.
La legisladora manifestó que estaban ante una situación de emergencia, por lo que era deber promover todas las medidas que fueran necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, razón por la que consideraban necesario que el órgano legalmente competente analice la activación de la alerta de violencia de género en la entidad.
“Consideramos que es evidente que los atentados contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres son tan graves y reiterados que la paz social se encuentra seriamente alterada en nuestra entidad, lo que hace urgente la declaración de la alerta de género como una medida impostergable para atender el problema”, argumentó la congresista.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla habló en contra de la propuesta y consideró que se han logrado avances de enorme importancia para consolidar el respeto a los derechos humanos como un elemento fundamental de la legitimidad democrática e institucional del estado.
Soto Escamilla indicó que para solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género debe existir en primer término una revisión objetiva y revisar si se encuentra en los tres supuestos que establece el artículo 32 del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y una vez que se lleva a cabo esa revisión e investigación y se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, la Procuraduría de los Derechos Humanos podría solicitar dicha declaratoria de alerta de violencia de género.
Por ello, dijo, no estaban de acuerdo en el punto de acuerdo en los términos que se presentaba, porque se estaba prejuzgando, especulando y no revisando datos primero.
En rectificación de hechos, la congresista María Magdalena Rosales Cruz apuntó que quien debe solicitar la alerta de género era la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad, y que un año atrás habían hecho una propuesta igual que se quedó estancada en la Comisión y, por ello, volvían a proponer nuevamente el punto de acuerdo y querían que se revisara bien la clasificación que se hacía de los feminicidios, porque la entidad tenía el primer lugar en mujeres asesinadas y pocos feminicidios.
Los iniciantes solicitaron el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado. Al someterse a votación, la propuesta no fue aprobada y se instruyó su archivo.
