Con información de Carmen PIZANO, Edith DOMÍNGUEZ (POPLAB Mx) y Verónica ESPINOSA. (Proceso)
Bastaron dos meses de búsquedas en campo para dejar en evidencia la proliferación de cuerpos enterrados ilegalmente en fosas clandestinas, hallazgos que llevaron a Guanajuato a colocarse en los primeros lugares a nivel nacional por estos delitos; sin embargo, las autoridades locales decidieron iniciar el año poniendo un freno al acompañamiento de familiares en los trabajos, pretextando la contingencia sanitaria por COVID-19.
Al cierre de 2020, del 20 de octubre al 17 de diciembre, colectivos de familiares de personas desaparecidas, autoridades estatales y federales localizaron 204 cuerpos enterrados de manera clandestina en alrededor de 100 fosas que se concentraron en tres municipios: Salvatierra, Acámbaro y Cortazar.
Las cifras se dieron a conocer durante la presentación del informe anual que hicieron Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde aseguraron que la pandemia por el virus SARS-Cov-2 no ha detenido los trabajos de búsqueda en el país.
«No vamos a cejar en nuestras responsabilidades, independientemente de las limitaciones que ha puesto la pandemia, hemos ubicado la búsqueda de personas como una tarea esencial que con limitaciones, siguiendo las normas sanitarias, se mantiene como una de las prioridades», declaró Alejandro Encinas en la conferencia de prensa mañanera de este viernes.
Caso contrario en Guanajuato, donde las autoridades locales dieron una muestra más de resistencia para seguir con los trabajos en campo: la Comisión Estatal de Búsqueda giró un documento a los familiares de personas desaparecidas en el que informa que ante el incremento de contagios por COVID-19, la Secretaría de Salud recomendó que no haya familiares o representantes de colectivos en las prospecciones y búsquedas de campo.
Integrantes de los colectivos han manifestado su rechazo a la decisión que tomó el comisionado Héctor Díaz Ezquerra, después de que él mismo pidió por escrito la opinión técnica de Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, sobre la viabilidad de seguir con las búsquedas de campo.
«Nuestros desaparecidos es una prioridad que no debería de esperar, sabemos la gravedad de la situación sanitaria, pero también sabemos el sufrimiento que venimos cargando ahorita durante nuestras búsquedas», manifestó en entrevista una buscadora.
A los familiares se les notificó de la suspensión de los trabajos por correo electrónico, sin que a la fecha el comisionado atienda las llamadas telefónicas de integrantes de colectivos. POPLab también buscó una entrevista con Díaz Ezquerra, pero respondió que la comunicación debería darse a través del vocero de la Secretaría de Gobierno, Abraham Delgado, servidor público que no atendió las llamadas de este medio de comunicación.
La reserva de información sobre los resultados de hallazgos e identificación forense de los 204 cuerpos no solo se extiende a las familias, sino que mantiene la postura de ocultar los detalles a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Karla Quintana, comisionada nacional, solo pudo obtener información de los resultados en Cañada de Caracheo, Cortazar, a través de un escrito, en el que se le dijo que habían sido 50 cuerpos y 15 de ellos ya habían sido identificados.
«Eso es creerle a la Fiscalía nada más, es la información de la Fiscalía, pero nosotros no tenemos ni una foto porque no nos dejan entrar».
Díaz Ezquerra deja fuera de búsquedas a familiares
Con fecha del 27 de enero de 2021, la Comisión Estatal de Búsqueda hizo llegar un oficio a integrantes de colectivos en el que se informa que por el rojo del semáforo epidemiológico en el estado «no se cuenta con las condiciones para incluir en actividades de búsqueda de campo y/o prospecciones a familiares o representantes de colectivos, hasta en tanto lo permita dicho semáforo epidemiológico».
El documento, del que POPLab tiene copia, está firmado por Héctor Díaz Ezquerra y en él se expone que fue el comisionado estatal de búsqueda el que hizo la consulta técnica a la Secretaría de Salud del Estado.
La respuesta de la dependencia estatal llegó el 17 de enero firmada por Luis Carlos Zúñiga, director general de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud:
«Esta autoridad sanitaria considera no conveniente incluir en las actividades de búsqueda de campo y(o prospecciones que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda a familiares o representantes de colectivo, hasta en tanto el semáforo epidemiológico y el semáforo estatal para la reactivación sea más favorable con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de todos los participantes».
En la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional de Búsqueda se informó que los últimos trabajos en campo realizados en Guanajuato fueron el 14 de enero pasado, 20 días después de que el semáforo epidemiológico regresó a rojo.
Cuestionada sobre la decisión de Héctor Díaz de suspender la participación de familiares en los trabajos, la comisionada nacional, Karla Quintana, manifestó que cada estado toma distintas disposiciones y hacen búsquedas en aquellos donde el semáforo lo permite.
Sin embargo, este viernes están en rojo al menos otros estados donde la Comisión Nacional de Búsqueda reporta que siguen los trabajos: Guerrero, Hidalgo y Nuevo León.
Guanajuato en los primeros lugares
Aunque a nivel nacional la tendencia por la desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas va a la baja, el año 2020 quedó marcado para Guanajuato por los trabajos que se hicieron de búsqueda, resultado de la presión que hicieron familiares de personas desaparecidas para que las autoridades locales reconocieran el fenómeno delictivo.
Por el número de fosas, la cantidad de cuerpos recuperados y las denuncias que se han presentado en los últimos dos años, Guanajuato se ubica en los cinco primeros lugares a nivel nacional.
El informe anual de búsqueda e identificación de personas desaparecidas se expuso que en el estado se localizaron al menos 103 fosas clandestinas solo en el último trimestre de 2020. A nivel nacional se reportaron 559; es decir, Guanajuato concentró el 18.43 por ciento del total de fosas ilegales halladas en México.
Por los 204 cuerpos recuperados, el estado se posiciona en segundo lugar nacional, solo debajo de Jalisco, además de que tiene tres de los seis municipios con mayor número de exhumaciones de fosas clandestinas: Salvatierra con 79, Acámbaro con al menos 75 y Cortazar con 50.
Otro de los rubros donde Guanajuato también está en los primeros lugares nacionales, de acuerdo con el informe, es por el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía por la desaparición forzada de personas.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020 las autoridades locales recibieron 1 mil 252 denuncias, cifra que coloca a la entidad en tercer lugar nacional, al concentrar el 7.6 por ciento del total de reportes de desaparición de personas.
En Guanajuato se presentaron, en promedio, 1.6 denuncias diarias ante el Ministerio Público durante los 761 días transcurridos del periodo que abarca el informe que presentó la Secretaría de Gobernación a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
Autoridades conocían de las fosas: Quintana
Los hallazgos en Guanajuato merecieron un apartado especial durante la presentación del informe anual por parte de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien expuso que fue gracias a la información que aportaron familiares de personas desaparecidas que confirmaron la existencia de fosas clandestinas con decenas de cuerpos.
Quintana expuso que a diferencia del resto del país, en Guanajuato las fosas están en las zonas urbanas y no en caminos alejados, situación que, dijo, las propias autoridades debieron conocer.
«Del hallazgo de fosas masivas en zonas urbanas es claro que no solo la población lo sabe, sino que las autoridades necesariamente tienen que saberlo. A la Comisión Nacional no nos corresponde hacer la investigación, eso es a las Fiscalías».
Karla Quintana informó de las peculiaridades con las que se ha encontrado en Guanajuato, por ejemplo, en las fosas de Salvatierra, Cortazar y Acámbaro los cuerpos son en su mayoría de personas jóvenes, incluidos adolescentes, además de que llamó la atención de las autoridades federales la cantidad de mujeres que es superior a las que suelen encontrar en otros estados.
La comisionada nacional informó que trabajan de manera conjunta con la Comisión Estatal de Búsqueda en una análisis de contexto que ayude no solo a las familias a comprender el fenómeno delictivo que sucede, sino a las autoridades responsables de investigar.
El análisis de contexto se realizaría por municipio por las particularidades de cada región, adelantó Quintana.
Es responsabilidad de la Federación: gobierno de Salvatierra
Tras las declaraciones de Karla Quintana y la presentación del informe, el gobierno municipal de Salvatierra emitió un comunicado de prensa en el que se señala que detrás de las fosas clandestinas, 65 de ellas en el municipio, están cinco delitos que son de competencia meramente federal: delincuencia organizada, narcotráfico, robo de combustrible, tráfico y portación de armas y robo de transporte.
Para el gobierno que encabeza la panista Alejandrina Lanuza, la colaboración del municipio en el combate a la violencia se restringe a la donación que hizo de un predio y el equipamiento para que se instalara la Guardia Nacional.
Las autoridades municipales decidieron descargar las responsabilidades de las fosas y los cuerpos enterrados de manera ilegal en la Guardia Nacional, a la que le pidieron que sea la encargada de esclarecer los crimenes, excluyendo a la Fiscalía General del Estado de la responsabilidad.
«Por lo que hacemos solicita la petición ciudadana de que la misma (Guardia Nacional) rinda el informe pertinente de sus resultados a la fecha, esclareciendo los hechos presentes, dejando en claro su estrategia y llevando a los responsables a la justicia».
Cierra FGE detalles de identificación forense
Salvatierra, Cortazar y Acámbaro son tres de los seis municipios del país con el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas. Los restos de al menos 204 personas representan el 20.24 por ciento del total de cuerpos encontrados en el país.
De acuerdo con la información oficial que presentaron las autoridades federales, en el Barrio de San Juan, Salvatierra, se localizaron durante las búsquedas de campo de un mes, del 20 de octubre al 20 de noviembre, 65 fosas y 79 cuerpos.
En Cañada de Caracheo, Cortazar, las búsquedas fueron el 29 de octubre y el resultado fueron 50 cuerpos recuperados. En La Ascensión, Acámbaro, se hicieron trabajos de campo del 30 de noviembre al 17 de diciembre y se encontraron alrededor de 75 cuerpos en 37 fosas.
A la fecha no se tiene la certeza del número de personas que estuvieron enterradas en las fosas de Acámbaro porque los restos estaban en bolsas de plástico y solo 15 estaban completos, el resto es resultado de una estimación que hicieron peritos y especialistas.
Han pasado tres meses desde que se encontraron los primeros cuerpos enterrados en fosas clandestinas, pero a la fecha familiares de personas desaparecidas siguen sin conocer los avances de la identificación forense
«No sabemos cuántas personas han sido entregadas a las familias, cómo van las pruebas de ADN, por eso pedimos la mesa de identificación porque no contamos con la información, tenemos muchas más dudas que respuestas, las dudas cada día crecen más y las preocupaciones también porque hablan de nuestros difuntos, desaparecidos como si fueran canicas», reclamó una integrante del colectivo «A Tu Encuentro».
¿Qué está pasando con todas esas personas que están en Semefo?, es la recurrente pregunta que se hacen personas que tienen a un familiar desaparecido, sin que haya respuesta de las autoridades locales.
«Ellos creen que cuando pedimos información es para molestar porque no tenemos otra cosa qué hacer, qué estamos en contra del gobierno, cuando eso es una cosa absurda».
Los colectivos tampoco tienen la certeza de que la Fiscalía General del Estado cuente con la capacidad para hacer el trabajo de identificación forense.
«No queremos pelear con la fiscalía, queremos trabajar con la Fiscalía, queremos que una víctima se relacione con el agente del Ministerio Público responsable de investigar los casos, queremos que otra compañera se relacione con el encargado de Semefo para que explique cómo van los procesos, dónde están las personas, el tiempo que se van a tardar en entregarlos, les damos sugerencias que hay más maneras de identificar que el ADN, pero no nos dicen nada».
CNB tampoco tiene información
En entrevista después del informe, Karla Quintana reveló que la única información que dio la Fiscalía es que de los 50 cuerpos encontrados en Cañada de Caracheo, 15 de ellos ya están identificados, aunque desconocen si ya se entregaron a los familiares.
«La información no la dieron por mucho tiempo… Hasta el día de hoy no sabemos cómo fueron procesados los cuerpos».
El pretexto de la Fiscalía para negar el acceso a la fosa de Cañada de Caracheo no solo a las familias, sino a la Comisión Nacional de Búsqueda es que hay una carpeta de investigación abierta y una audiencia estaba próxima, por lo que no podía pasar nadie a la zona que había sido acordonada.
«Una de las muchas razones que hemos constatado a la falta de apertura es que no tienen avances, si no es porque las familias aportan información no hay mayor avance. Argumentando sigilo de la investigación se dice que no hay acceso al expediente. Las comisiones no somos un tercero que vaya a filtrar la información, somos una autoridad», dijo de manera general la comisionada Karla Quintana.
Al desconocer avances en la identificación forense de los cuerpos, Quintana se pronunció porque en Guanajuato se aplique una política similar a la que se tiene en Coahuila, donde se hacen pruebas de genética a través de grupos familiares; es decir, tomar las muestras de más de un familiar para que al cotejar con las víctimas haya mayor probabilidad de coincidencia.
«Si no entendemos que tenemos que trabajar de manera conjunta y dejar los egos aparte, todos y todas, trabajar por un bien común, difícilmente podemos avanzar de forma masiva que es lo que queremos. No hay tiempo que perder».
Sostuvo que hay voluntad política por parte de la Federación para trabajar con las autoridades, incluidas las Fiscalías, de todos los estados.
«Lo digo en general, sin referirme específicamente a Guanajuato: si no trabajamos de manera conjunta compartiendo información, sin excepciones, difícilmente podremos dar la respuesta rápida y efectiva».
