La diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron un punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado.
En la exposición de motivos, el diputado Raúl Márquez Albo consideró que es prioritario que las políticas públicas de desarrollo social y humano sean eficaces, basadas en evidencia y orientadas a combatir la pobreza, pues sólo así se estará en condiciones de alcanzar un desarrollo pleno para todas y todos los guanajuatenses.
En este sentido, subrayó la necesidad de una evaluación integral de las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado.
Refirió que, dado el amplio presupuesto erogado en las mismas, es necesario que dicha evaluación contemple una revisión de su integralidad en términos de evaluar la coherencia interna y externa de las intervenciones que conforman las políticas públicas materia de evaluación; es decir, un análisis de la forma en que los diferentes programas y acciones son capaces o no de complementarse, así como su orientación hacia la consecución del desarrollo social y humano.
Asimismo, comentó que, en apego al interés plasmado en las leyes respecto al fomento, organización y participación ciudadana, es pertinente que la evaluación analice la capacidad de las intervenciones que conforman las políticas públicas en la materia para garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en su formulación, ejecución y evaluación.
“Por su parte, existe consenso en la evidencia científica acerca de la importancia de la cobertura y alcance que tienen las políticas sociales como uno de los principales factores de incidencia para su efectividad. Por esto, la evaluación necesita analizar el alcance planificado y efectivo que tuvieron las intervenciones que conforman las políticas públicas materia de evaluación”, dijo.
El legislador expuso que la situación política de predominio electoral de la misma fuerza política durante décadas es un factor de riesgo para que se presenten fenómenos relacionados con la corrupción como el clientelismo, el patrimonialismo, el uso político de la pobreza o la falta de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual dijo, es relevante para una evaluación como la que se propone analizar los mecanismos disponibles y utilizados para garantizar un uso adecuado de los recursos asignados a las políticas de desarrollo social y humano.
“La incidencia que tienen las políticas de desarrollo social y humano es un eje imprescindible en una evaluación de éstas, por lo cual se deben analizar los efectos que las políticas públicas materia de evaluación tuvieron sobre los niveles de desarrollo social y humano, así como si la información disponible permite inferir si dichos efectos son razonablemente atribuibles a éstas. La competencia de la evaluación en mención correspondería a la ASEG, en función del alcance de las auditorías de desempeño normadas en la Ley de Fiscalización local. Igualmente, debido al año base de cambio de gobierno, se propone un periodo de análisis del 2018 al 2021, con lo cual se espera que la evaluación sea presentada a más tardar en noviembre de 2022”, finalizó.
La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
