La impunidad es abrumadora, ahora con un presupuesto de 3 mil 207 millones.

Por cada 500 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2020, esta logró una sentencia condenatoria. En ese dato se refleja la efectividad para castigar un delito y reducir la impunidad en Guanajuato, el estado más violento del país.

Por: Javier Bravo

Los índices de la falta de castigo al delito en el estado que cerró con 4 mil 490 víctimas asesinadas, ya han sido señalados por diversas instituciones públicas y privadas. Con diferentes fórmulas y distintos parámetros, se ha advertido que la efectividad se reduce a medida de que se toman en cuenta los delitos que no se denuncian.

¿Tiene los recursos y la estructura necesaria?

Para ello están los datos del INEGI. El organismo dedicado a la estadística en el país, dio cuenta de una fiscalía que incrementa a cuenta gotas sus recursos humanos, pero mantiene un presupuesto que se incrementa cada año, mientras es el cuarto lugar nacional en presupuesto, es el primero en casos abiertos acumulados.

Para este año, la FGE ejercerá un presupuesto de 3 mil 207 millones 086 mil 655 pesos.

La última medición corrió a cargo de la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez, quien puso como ejemplo la numeralia de la Fiscalía de Guanajuato, para explicar el “Modelo de Evaluación y Seguimiento a la Consolidación del Sistema de Justicia”.

De acuerdo a los datos procesados por la Secretaría de Gobernación, en Guanajuato se iniciaron 89 mil 061 carpetas, de esas, 2 mil 848, fueron resoluciones a través de acuerdos reparatorios, 2 mil 130 fueron vinculadas a proceso, y de esas 176 tuvieron sentencias condenatorias.

De ese mismo universo, 2 mil 596 carpetas obtuvieron resolución por órgano jurisdiccional. Otras 10 mil 848 carpetas tuvieron resolución por acuerdos reparatorios. Además hay 4 mil 593 carpetas de investigación vinculadas a proceso en trámite, 2 mil 025 medidas cautelares impuestas y 2 mil 290 imputados en prisión preventiva.

En resumen hay 15 mil 122 carpetas de investigación están sin determinar en fase inicial y otras 50 mil 924 sin avances en sus procesos; siguen abiertas como trabajo acumulado para la dependencia encargada de impartir justicia.