“Un violador no puede estar en libertad”, externaron legisladores.
El Grupo Parlamentario del Partido MORENA presentó una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a fin de exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que revise las acciones que la institución a su cargo ha llevado a cabo en los casos de denuncias de violación, con énfasis en los casos de Regina Irastorza Tomé y María José, que se han dado a conocer públicamente en diversos medios locales y nacionales.
Lo anterior para que se apeguen a un actuar con perspectiva de género y se actúe en consecuencia contra el imputado, con la finalidad de brindarles acceso efectivo a la procuración de justicia.
En la exposición de motivos, MORENA hizo énfasis en los sucesos en torno a la denuncia de violación sexual que se ha conocido a través de varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales, e incluso por propia voz de la víctima Regina Irastorza Tomé, quien denunció e imputó al diputado federal electo Jorge “N”.
MORENA recordó que el imputado fue vinculado a proceso a principios del mes de septiembre del presente año, por la probable comisión del delito de violación, dictándose prisión preventiva oficiosa por tratarse de un delito considerado grave, tanto en la Constitución Federal como por el Código Penal del Estado de Guanajuato.
“Sin menoscabar las funciones de las instituciones, partimos de reconocer que la procuración de justicia en Guanajuato está a cargo de la Fiscalía General del Estado, que nuestra Constitución local reconoce como autónoma, pero esta soberanía no puede ser ajena al escándalo público que ha generado la actuación de la Fiscalía, que teniendo la representación de la víctima, promovió una reclasificación del delito de violación, para estimar que fácticamente corresponde a uno diverso, abusos sexuales, que es un delito no grave, y ante tal cambio de clasificación al imputado se le quitó la medida cautelar de prisión preventiva, para continuar con su juicio en libertad”, comentó.
Morenistas señalaron que, ante tal reclasificación del delito de violación, ha surgido la voz de otra víctima que denunció al mismo imputado, igualmente por violación, señalando que sufrió ese tipo de violencia sexual en noviembre del año 2017, por parte de Jorge “N”.
“Podemos afirmar que es totalmente atípico el actuar de la Fiscalía General del Estado en estos dos casos, en el que por antigüedad fue primero, denunciado por María José en el año 2017, no parece justificarse la falta de ejercicio de la acción penal, porque el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la declaración de las víctimas merecen un análisis probatorio con perspectiva de género, y si existe un dictamen que señala -trastorno de estrés postraumático-, se tiene que aunado a las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, debió la Fiscalía proceder a judicializar esa carpeta de investigación, porque su función esencial es la procuración de justicia”, añadió Alma Alcaraz.
La congresista mencionó que, por todo lo expuesto, es importante que el Congreso del Estado, en estricto ejercicio de su representación popular de los guanajuatenses, ejerza una llamado a la Fiscalía General del Estado para que en cumplimiento de su facultad de vigilar la actuación de todos los órganos de Guanajuato, en los que se incluye esa institución de procuración de justicia, se le exhorte a ejercer sus facultades en apego a una actuación con perspectiva de género, cumpliendo con las acciones que le corresponde ejercer en representación de las víctimas, y en su caso, se transparente lo que en términos de la Ley se pueda hacer público.
Al hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Ernesto Prieto Gallardo señaló que la violencia contra las mujeres no puede ser un tema genérico, tal como comentó, se hizo en el punto de acuerdo presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Mencionó que no se debe dejar pasar ningún tipo de negligencia por parte de las autoridades, por lo que propuso que se incluya en la propuesta de punto de acuerdo a otras instancias, como la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie investigaciones por posibles violaciones a los derechos de las víctimas, así como al Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, para que se inicie una auditoría de ejercicio de funciones de los agentes del ministerio público que han intervenido en la integración de las carpetas de investigación.
“Es nuestro deber como Congreso exigir que el Estado de Derecho sea una realidad y estemos a la altura de esta situación, sin colores partidistas, por lo que creo que este punto de acuerdo es más claro y preciso que el que se aprobó”, añadió.
Las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Laura Cristina Márquez Alcalá, y el diputado David Martínez Mendizábal pidieron el uso de la voz para razonar su voto.
La legisladora Yulma Rocha Aguilar comentó que el objetivo de la propuesta de acuerdo ya se encuentra contemplada en el exhorto que recientemente se aprobó y que fue presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
“Considero que este elemento ya se encuentra previsto en el exhorto que se aprobó por el Pleno del Congreso…Decirle a María José, sin tintes partidistas, que hoy este Congreso se ha pronunciado porque se revise su caso y se revise el caso de Regina, y que se lleve hasta las últimas consecuencias, sin importar el partido y sin importar el personaje”, añadió.
Por su parte, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández apuntó que si tuvieran certeza de que la Fiscalía hiciera las cosas en apego a derecho y no existieran tantas quejas de la impunidad que imperaba en la entidad, quizá ni siquiera hubiera hecho falta ningún exhorto porque sabrían que las cosas se harían.
Enfatizó que si estaban siendo reiterativos era porque el tema lo valía, porque contaban con una Fiscalía General del Estado que no servía y tenían el caso de dos personas que se habían atrevido a denunciar una violación sexual, por lo que era más que defendible y entendible que si hubiera diez exhortos todos se votaran.
En su participación, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá expuso que el Congreso del Estado de Guanajuato ha dado muestra de la lucha por la protección de los derechos de las niñas y mujeres de la entidad, por ello consideró que el exhorto en cuestión conlleva tintes políticos que trasgreden los derechos de las víctimas que denunciaron a su agresor.
“Razonamos nuestro voto en contra de un exhorto que más allá de apoyar la justicia, el acompañamiento y la solidaridad para las víctimas en este caso las revictimiza, violenta seriamente sus derechos tan sólo con el preámbulo que se ha dado en el punto de acuerdo que se toma a consideración”, dijo
Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal consideró que el argumento de que el objetivo de la propuesta de punto de acuerdo ya fue atendido con el exhorto aprobado, no es válido. Asimismo, acentuó la necesidad de sumar todos los esfuerzos posibles para hacer emerger los problemas relacionados con los derechos humanos de las mujeres.
La solicitud de obvia resolución fue aproda, sin embargo, al someter a votación la propuesta de exhorto, no fue aprobada por lo que se procedió a su archivo.
Foto de portada: La Jornada
