La diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, para que a la brevedad inicie una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y concomitante a 2021, la cual evalúe la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la entidad, incluyendo la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos generados por dicho ente y, en su caso, aprobación de la misma.
La congresista manifestó que el estudio Fallas de Origen, llevado a cabo por México Evalúa, mide anualmente la confiabilidad de las estadísticas delictivas y que en la publicación de la edición 2020, mostraba que el estado de Guanajuato era una de las entidades peor evaluadas en cuanto a lo que se refería a la calidad de la información delictiva, lo que significaba que las cifras delictivas registradas no eran precisas ni confiables.
Rosales Cruz señaló que los homicidios dolosos en este país eran contabilizados por dos instituciones: el INEGI, que obtenía sus datos de las muertes catalogadas por médicos legistas como fallecimientos violentos ocurridos a causa de un presunto homicidio intencional; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos datos provenían del número de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas abiertas a partir de la denuncia o reporte de un homicidio, es decir, de las Fiscalías.
“Debido a que las Fiscalías llevan a cabo una investigación criminal que el sector salud no realiza, es esperable que las Fiscalías contabilicen un mayor número de homicidios dolosos que el INEGI. Sin embargo, en el estado de Guanajuato sucede lo contrario: la mala calidad de la información delictiva en la entidad se refleja en el hecho de que somos de los estados que entre 2015 y 2019 presentaron más deficiencias en su contabilidad de homicidios; es decir, la Fiscalía General del Estado reporta menos homicidios dolosos que el propio INEGI”, enfatizó la diputada.
También, dijo que el citado estudio evidenciaba que las irregularidades de los homicidios culposos en la entidad, lo colocaba en los últimos puestos de la evaluación sobre la confiabilidad de las estadísticas delictivas y que la información delictiva de mala calidad podía deberse a diferentes causas: que la policía no reportara los delitos para evitar realizar una investigación, que los funcionarios del Ministerio Público no los registren adecuadamente, que las autoridades decidan modificar intencionalmente las cifras para maquillar la situación de seguridad en la entidad, o una desafortunada combinación de todas las anteriores.
Agregó que, independientemente de las razones, el subregistro y modificación de cifras delictivas era un problema público de trascendencia que merecía atención urgente.
“En ese sentido, hay una probabilidad alta de que en el estado de Guanajuato se estén llevando a cabo homicidios dolosos que se registran como accidentes, o feminicidios que se registran como muertes violentas, entre otros. Esto, supondría que existen delitos que no se investigan adecuadamente y quedan impunes”, subrayó la congresista
Finalmente, indicó que era evidente la necesidad de una auditoría focalizada que evalúe las cifras delictivas en la entidad, en la que se incluya la revisión de los procesos internos de recopilación y sistematización de los datos delictivos, así como la calidad y veracidad de las cifras delictivas.
La iniciante solicitó el trámite de obvia resolución, el cual no fue aprobado, por lo que la propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
