El ejercicio de la soberanía demanda del compromiso del pueblo
Manuel De la Torre Rivera
Partamos de un principio democrático, la soberanía de una nación reside en el pueblo, esto quiere decir que cualquier situación trascendental para una nación debe ser consultada con el pueblo, lo que presupone que previamente haya sido ampliamente informado sobre el tema que será sometido a su debate antes de proceder a su consulta pública para la toma de decisión, como puede ser en el caso que aquí se comenta.
Desde el inicio del actual gobierno federal, se ha declarado que no se intentara derogar las reformas constitucionales en materia energética de 2013. Es un hecho consumado que el gobierno de Peña Nieto se empeñó en su acelerada aplicación mediante rondas, subastas, contratos a 20 y 30 años favorables al sector privado con prioridad al capital trasnacional. Para 2018 el perverso entramado estaba maduro. En ese contexto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha buscado operar una política energética que redefina la rectoría del Estado, sin tocar la Constitución.
El 1º de febrero del presente año, el Presidente de la República presentó como iniciativa preferente, una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En ella denuncia y cuestiona el proceso de privatización para entregar empresas públicas a particulares. Claramente ubica las reformas de Peña Nieto y considera urgente proteger a la CFE para mantener el compromiso de no aumentar tarifas a consumidores domésticos, todo esto para proteger los intereses soberanos de la nación.
Asimismo, establece las prioridades de despacho eléctrico. Es decir, primero se pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por las hidroeléctricas de CFE; segundo, toda la demás energía generada por CFE; tercero, las energías de fuentes renovables generadas por empresas privadas y, finalmente, en cuarto lugar, la generada por las centrales de ciclo combinado del sector privado. Por si esto fuera poco, la reforma plantea la posibilidad de que sean cancelados los contratos de autoabastecimiento eléctrico que sean considerados fraudulentos, no obstante su vigencia activa por 20 años.
La respuesta de los partidos del Pacto por México que aprobaron en diciembre de 2013 la contrarreforma a espaldas de los mexicanos, mediante corruptelas y violentando los procedimientos legislativos, no se ha hecho esperar y han amenazado con una tormenta de amparos, a lo que, Senadores de Morena consideraron que pese al alud de amparos que puedan presentarse, estos no van a prosperar porque la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se enmarca en lo establecido en la Constitución.
La Jornada del Domingo 14 de marzo de 2021, p. 3, dice:
“…México tiene el derecho soberano de proteger sus recursos energéticos, sobre todo en el caso de contratos tramposos, signados por gobiernos pasados, en que se dan ventajas indebidas a las empresas trasnacionales que producen electricidad.
“La reforma a la Constitución que se aprobó en 2013 en materia energética establece que será en la ley secundaria, es decir, en la Ley de la Industria Eléctrica, donde se fijen las formas de participación de los privados en ese sector, resaltó el senador Martí Batres.
“Las trasnacionales, agregó, van a dar mucha guerra judicial, pero al final tendrán que renegociar los contratos con el gobierno federal, cuya actuación es completamente justa.
“Aclaró que hasta el momento algunos jueces han dado entrada a los amparos y otorgado la suspensión provisional, pero falta desahogar todo el proceso, …la soberanía y el patrimonio nacional tienen que recuperarse.”
