Por: Oscar Alzaga*
Luisa María Alcalde, la titular de la STPS y
Raúl Beyruti, el Rey del Outsourcing
Hace unos días se supo que contra el famoso empresario Beyrutihabía órdenes de aprehensión, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de violar por años sistemáticamente los derechos de cientos de miles detrabajadores. Ya desde el sexenio de Calderón era famoso como Líder del Outsourcing, cuando la reforma laboral de 2012 “legalizó” la ilegal subcontratación, favoreciendo a más intermediarios entre patrones y trabajadores. Beyruti llegó a acumular la mayor subcontratación de México: 195 mil empleados de casi 4500 clientes de GINgroup, que facturaba 2100 millones de dólares anuales (Excélsior, 25-II-21).
Apenas, en diciembre de 2019 y enero de 2020, si iniciaba el debate de la reforma laboral del outsourcing promovida en el Senado, cuando la patronal desplegó una campaña nacional de mentiras sin precedente contra la reforma, en ese momento recibieron el apoyo de Ricardo Monreal y, por escrito, de LuisaMaría Alcalde, la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), congelando así la reforma.
La prensa recordó el compromiso de Alcalde con Beyruti, en un acto del 5 de noviembre de 2019, cuando ella otorgó varios reconocimientos a empresarios, en primer lugar a Beyruti a quien definió como “un aliado estratégico” de la STPS (Reforma, 25-II-21). Desde luego, la titular de la STPS en 2019 no sabía que iban ordenar aprehender a Beyruti en 2021, pero sí conocía alempresario explotador que ejercía la fuerza contra las y los trabajadores, pues ya era famoso como el Rey del Outsourcing.
Se calcula que hay 4 millones 600 mil trabajadores bajo ese régimen de subcontratación, cuando en 2012 apenas eran 500 mil,pero como es un jugoso negocio contratar a eventuales -sin planta- y disponer de ellos arbitrariamente e inscribirlos en el IMSS solo el primer día de trabajo o ni uno, sin poder protestar porque los despiden y, abusando de la subcontratación, sin la responsabilidadde los verdaderos patrones sino de los simuladores, a quienes han apoyado las Juntas estatales y la Federal de Conciliación y Arbitraje, que desde hace más de 30 años fueron convertidas en Juntas de Protección Patronal (igual que los contratos colectivos).Y la actual administración no quiere combatir la corrupción queexiste en las juntas ni hacerlas que se apeguen y apliquen las leyes laborales, menos que sean de acceso a la justicia.
La STPS ha prometido que el cambio vendrá con los nuevos tribunales y centros de conciliación. Pero solo para los asuntosnuevos. Los viejos asuntos colectivos e individuales que son la mayoría seguirán en las Juntas hasta que se agoten. O sea, de 2021 a 2024 seguirán siendo éstos asuntos los que más se ventilen en las Juntas. Vaya, ni siquiera la reforma laboral de 2019 sobre la libertad sindical, se podrá cumplir hasta el fin del sexenio, al menos no en las Juntas de Protección Patronal.
Pero el atraso impuesto por la patronal de 1982 a 2018 abarca varios aspectos más que los outsourcing: el 80% de los contratos colectivos de trabajo (CCT) del país fueron degradados a contratos colectivos de protección patronal (CCPP), pero la STPS no lo ha querido combatir ni menos las Juntas de Protección Patronal; están los estatutos de los sindicatos de la CTM, CROC y otros del PRI, o los sindicatos blancos o patronales que continúan igual que antes o peor.
También los sindicatos, que deben ser para defender los derechos e intereses de los trabajadores, cuya mayoría no se caracteriza por ejercer defensa alguna, al revés: defienden a los patrones, lo que es fama pública.
El incumplimiento de la ley es a lo que mas acuden los patrones o la mayoría de ellos. Otro subcontratista Manpower, declaró: que “la ley de outsourcing lanzará a 3 millones a la informalidad” (La jornada 26-II-21), como si actualmente se cumpliera la ley: sin justificar en lo más mínimo el empleo eventual, la falta de pagos de prestaciones, de inscripción en el IMSS e Infonavit y el pago de impuestos, etc. Hay que recordar que antes de 2012 no había subcontratación injustificada e ilegal, salvo excepciones. Hoy es al revés, la regla es la subcontratación y la excepción el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.
Sin la pandemia era obligatorio que existieran las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Hoy con más razón deben existir y cuidar la salud y la vida de quienes trabajan, como una responsabilidad mixta. Pero la STPS no se apega a la Constitución, pese a tener esa obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. En el T-MEC, hace un año, México pactó realizar una “campaña de concientización para empresarios y trabajadores sobre la libertad sindical”, y no se ha hecho nada. Justo una campaña que también serviría para aplicar, en los hechos no con promesas, la reforma laboral de 2019 en esa materia, para que sea una realidad el voto secreto.
A año y medio de la reforma laboral no se cumple el voto secreto para elegir a las directivas sindicales, menos para aprobar las revisiones de los CCT; siguen siendo decisiones de las cúpulas de la CTM, CROC, sindicatos patronales, etc. Quienes tengan experiencia en el medio laboral saben que para que haya acceso ala justicia laboral y sindical deben existir tribunales auténticos, que cumplan con la ley y la hagan cumplir. Y se debe empezar por combatir la corrupción, cuyo promotor es el corruptor que tiene dinero y es la autoridad la corrompida.
El número de sindicalizados es de 4.4 millones; cuando el IMSS afilia a casi 20 millones, y el ISSSTE y similares estatales y municipales afilian a 4 millones. ¿Por qué casi 20 millones no están organizados en sindicatos? ¿Por qué a los trabajadores de la economía informal, que son 30 millones, no se les permite organizarse de modo libre e independiente? La mayoría de esos 4.4 millones de trabajadores están en la CTM, CROC, etc. ¿Por qué se les sigue manteniendo bajo control y sujetos a prácticas ajenas a la nueva Ley Laboral de 2019?
Es decir, el cambio de la 4T entre los trabajadores debe ser integral, no solo en partes o parches, menos favoreciendo a los patrones aferrados a los gobiernos cómplices del pasado. Si las Juntas van a seguir con la mayoría de los asuntos colectivos e individuales en el resto del sexenio, urge que haya cambios para que dejen de ser Juntas de Protección Patronal, y sean Juntas de Derechos Humanos, de Justicia Laboral y Sindical. Urge que haya un nuevo equipo al frente que impulse el cambio, que requieren los trabajadores y una nación democrática.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
