Bárbara Botello Santibañez, exalcaldesa de León, fue vinculada a proceso penal la tarde del martes luego de que se le encontraron elementos por el delito de fraude simulado.

La vinculación procedió tras una investigación por la presunta contratación de una firma durante su mandato, encontrando en esta un pago por 580 mil pesos a favor de una empresa de la cual no hay elementos de la realización de ese trabajo.

Silvia Irene Ortega, quien fungió como representante legal de la empresa, es también investigada por este mismo motivo.

A la alcaldesa se le implica debido a que hay indicios que el delito, detectado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se cometió durante la administración de Botello Santibáñez.

Mientras tanto el Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento la exalcaldesa suma 47 diferentes denuncias y/o demandas de carácter civil, penal y mercantil; sin que hasta el momento procediera alguna de ellas. Está vigente la 47 y pendiente una más.

“Fantasmas son las acusaciones más no existen ‘empresas fantasmas’, para que les quede muy claro… hoy lo que se está haciendo es ampliar la investigación con el objeto de que se deslinde responsabilidades”.

La carpeta de investigación con número 67911/2017 de la Fiscalía General del Estado se inició derivado de la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a la administración de Botello Santibáñez.

La Contraloría del municipio de León presentó la querella en el 2019 por fraude específico simulado en contra de la exalcaldesa y Silvia Irene Ortega en su calidad de representante legal de Asesores y Gestiones del Pacífico, por un contrato con folio SE 036130 y que asciende a los 580 mil pesos.

“A mí se me vincula porque no supervisé, (y) si el delito es de acción, me están culpando de una omisión… La presidenta municipal no supervisa el trabajo de las dependencias”, señaló.

Lamentó que no se esté considerando al personal responsable de la Tesorería Municipal en la integración del contrato.

Pese a que el Fiscal del caso le recomendó “llegar a un acuerdo”, advirtió que no negociará, no se va a callar y tampoco pagará un peso.

Con información de Telediario