El dinero que presuntamente habría recibido Anaya fue de 6 millones 800 mil pesos, por lo que este habría incurrido en los delitos de lavado de dinero, cohecho, y asociación delictuosa.
De manera virtual, conectado a internet junto con su abogado, el excandidato presidencial Ricardo Anaya compareció este lunes ante un juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aunque solo lo hizo para solicitar que se aplazara la vista, lo cual fue concedido por el togado, reprogramándose así la audiencia de imputación para el próximo 31 de enero de 2022.
El juez de control le advirtió al panista que este es el último aplazamiento que se le concede, el cual fue solicitado porque la defensa del político no ha terminado de analizar toda la información del caso enviada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la imputación de esa institución contra Anaya deberá efectuarse sin excepción en esa fecha.
Este es el segundo diferimiento de la audiencia de imputación del excandidato presidencial, pues el pasado 4 de octubre el juez Gustavo Aquiles Villaseñor la reprogramó para este lunes, debido a que en esa ocasión el Ministerio Público había entregado con retraso a la defensa unas mil cuartillas con documentos que forman parte de la acusación.
Ricardo Anaya está acusado por la Fiscalía de ser presunto responsable de haber recibido -en 2014- un soborno enviado por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), embute que habría servido, según la FGR, para que el panista votara a favor de la reforma constitucional en materia energética.
El dinero que presuntamente habría recibido Anaya fue de 6 millones 800 mil pesos, por lo que este habría incurrido en los delitos de lavado de dinero, cohecho, y asociación delictuosa, mismos que se castigan con penas de entre 12 y 39 años de prisión.
En contraste, Ricardo Anaya ha dicho en reiteradas ocasiones que no es responsable de los delitos que la FGR le imputa, pues -en primera instancia- él estaba de acuerdo con la reforma energética propuesta por el hoy expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.
Además, el panista ha manifestado en varios videos que él ya no era legislador cuando se llevó a cabo la votación de esa reforma.
La actual acusación en contra del panista integra un expediente que consta de más de 7,700 cuartillas más cinco anexos, los cuales, según Ricardo Anaya, no están apegados a la verdad.
La reforma a la Constitución en materia energética, con la que se abrió ese sector a la iniciativa privada, fue aprobada el 11 de diciembre de 2013, y no en el año 2014 que se señala como fecha en la que el político habría recibido el embute, según detalló el mismo Anaya en cuatro videos publicados por el político en redes sociales en octubre pasado.
De su lado, la FGR asegura que el panista habría recibido el soborno enviado por Emilio Lozoya, luego de que el exdirector de Pemex obtuvo esos recursos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, consorcio que pretendía obtener diversos contratos en materia energética.
Próxima audiencia, presencial
Este lunes, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, precisó que el próximo 31 de enero Anaya deberá presentarse físicamente en la Sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la capital mexicana, de lo contrario, el togado permitirá que la Fiscalía recurra a otro mecanismo para obligar la presencia del panista en esas instalaciones.
Esto significa que el excandidato presidencial podría ser arrestado para que acuda a la fuerza a los juzgados, en caso de que no se presente o lo haga de manera virtual a través de internet.
Hasta el momento, la defensa de Ricardo Anaya no ha sido explícita con respecto al lugar en donde se encuentra el político, quien desde el mes de septiembre anunció que había salido del país, tratando de evitar su detención.
En ese tenor, este lunes, en una entrevista fechada en Nueva York, el diario The Wall Street Journal publicó una charla sostenida con Anaya, en la que este se dice perseguido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Es autoritario, vengativo y quiere destruirme”, dijo Ricardo Anaya al diario estadounidense en referencia a López Obrador.
Sobre la publicación, el titular del Poder Ejecutivo federal apuntó en su conferencia matutina que “se habla que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle dinero a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética”.
López Obrador añadió que “el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces (Emilio Lozoya), o eso es lo que él declaro, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores, ese es el tema de fondo”.
El mandatario enfatizó que él no dio instrucciones “de que se le castigara o se le investigara a (Anaya) porque yo no soy así, no es mi fuerte la venganza”.
Cabe aclarar que Emilio Lozoya, quien se encuentra en prisión preventiva justificada desde la semana pasada, en su denuncia -hecha en 2020- no narró los hechos como lo dijo este lunes el presidente López Obrador, pues el exdirector de Pemex nunca ha mencionado que Anaya utilizara el soborno presuntamente recibido para que el panista lo repartiera a otros legisladores.
Prisión preventiva, la estrategia de FGR
La Fiscalía General de la República pretende solicitar al juez, en la próxima audiencia de Anaya, que a este se le imponga la prisión preventiva justificada al existir un riesgo de fuga.
De hecho, desde agosto pasado, el juez de control del caso ya le había advertido al panista que, para comparecer en las audiencias, este tenía la obligación de conectarse a internet desde un punto dentro del territorio mexicano, de lo contrario, si la conexión se hacía fuera del país, se consideraría un incumplimiento.
Este lunes, el abogado del excandidato presidencial, Eduardo Aguilar Sierra, no dio detalles sobre el lugar en el que se encontraba su defendido, y ante el juez, además de pedir el aplazamiento de la vista, solo manifestó que la acusación de la Fiscalía “es absurda y completamente falsa”.
