En la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local, Javier Pérez Salazar, auditor superior del Estado expuso las fichas técnicas sobre cuatro puntos de acuerdo. El primero propone la práctica de una auditoría integral a la administración pública municipal de Salamanca, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal 2021.
A principios de octubre del presente año, el Grupo Parlamentario del PVEM presentó una propuesta de punto de acuerdo, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la práctica de una auditoría integral a la administración pública municipal de Salamanca, en la exposición de motivos, el diputado Gerardo Fernández González destacó que los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las diferentes funciones y servicios públicos, a cargo de los poderes del estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, por lo cual, la propia ley ha establecido los mecanismos e instrumentos para controlar y supervisar el manejo y aplicación correcta de cada peso que se destina a un fin determinado.
En este sentido, señaló que las constantes irregularidades, inconsistencias, interrogantes y posibles actos de corrupción en la que pudieran haber incurridos diversos servidores públicos en la administración pública municipal de Salamanca, por el periodo 2018-2021, deben ser aclaradas y en su caso si así lo llegara a determinar la Auditoría Superior del Estado, fincar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Cabe recordar que de las irregularidades que se detectaron durante dicho periodo destacan: contratos entregados mediante adjudicación directa, sin justificación y fundamento; irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes sin previo procedimiento; entorpecimiento en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Municipal para revisar los procedimientos de adquisición; despido arbitrario de servidores públicos que llevaban a cabo investigaciones para detectar posibles actos de corrupción.
Además de intimidación de servidores públicos para que no cumplan con sus funciones; obra pública inconclusa y pagada, y obra pública de calidad no acorde con el contrato con un exceso de pago; desvió de recursos públicos y manipulación del presupuesto sin consentimiento de ayuntamiento; pagos de servicios privados de funcionarios y familiares con recursos del erario; omisiones y abandono de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado un daño al patrimonio del municipio; entre otros.
El 24 de octubre de 2019, el Pleno del Congreso del Estado aprobó ordenar a la Auditoría Superior del Estado la práctica de una auditoría concomitante a la Administración Pública Municipal de Salamanca, en relación con el procedimiento de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, cumplimiento y demás actos relacionados con el procedimiento de adjudicación que culminó con el contrato número C-RM-15/2019 de fecha 15 de marzo de 2019 y su adendum de fecha 19 de marzo de 2019, para el suministro e instalación de veintidós mil luminarias de tecnología LED en dicho Municipio, así como el contrato de arrendamiento de un vehículo de motor.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de la Comisión), Miguel Ángel Salim Alle y José Alfonso Borja Pimentel.
