La Junta Federal al servicio del millonario Germán Larrea
Por: Oscar Alzaga*
Germán Larrea y Alberto Bailleres
El laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el Sindicato Minero y el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, exhibe hasta qué punto el 2º millonario del país sigue sobornando al principal tribunal de justicia laboral, como en los sexenios pasados.
Se trata del expediente 177/2005 de la Junta Especial 10 de la JFCA, cuyo origen se remonta a 1989, cuando Salinas privatiza Cananea y otras minas que entrega a Germán Larrea, el dueño de Grupo México, a quien se obliga a pagar a los obreros de esas minas el 5% de las acciones (a cambio del 95% él). Pero 15 años después se negó a pagar, por lo que el Sindicato Minero realiza en 2004 una huelga en esas minas, que obliga a Larrea a pagar ante la Secretaría del Trabajo.
En 2005 Larrea toma venganza y organiza varias campañassucias de spots en TV y medios para desprestigiar a Gómez Urrutia, lo acusa sin bases, con mucha propaganda, de robar a los mineros el 5% (55 millones de dólares). Larrea logra el apoyo de Fox y el 17 de febrero de 2006 la Secretaría del Trabajo retira la Toma de Nota a Gómez Urrutia y el mismo día la entrega al empleado de Larrea, que con golpeadores asalta y toma la sede del Sindicato Minero. Esa práctica gansteril de Germán Larrea fue rechazada por los auténticos mineros.
El 19 de febrero de 2006 ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos, en la que mueren 65 mineros debido a negligenciapatronal de Germán Larrea, por no cumplir las reglas de seguridad ni los señalamientos de los inspectores, pero de nuevo el gobierno de Fox se somete a la decisión patronal: a los 5 días Larrea decide que no se rescaten los cadáveres, para no abrir la investigación y llegar a la verdad, a los responsables, y castigo a los irresponsables. Hasta 2018 AMLO decide el rescate de los cadáveres, sin el apoyo de Luisa Alcalde.
El laudo de la JFCA de 2021 es contrario a la resolución del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en el expediente DT. 919/2018 y otros, que amparó el Sindicato Minero y declaró procedente la acumulación de los 25 expedientes en uno solo, el que ahora la Junta divide en dos: los que acepta y lo que no acepta, de modo ilegal e improcedente porque se trata de un sólo hecho y pruebas para todos los expedientes, como lo decidióel Tribunal Colegiado el 13 de diciembre de 2019, que es una autoridad superior a la JFCA.
¿Por qué hasta abril de 2021 el fallo de la JFCA de un asunto delicado? El que, de progresar, sería un severo golpe al Sindicato Minero, que la JFCA hasta ahora lo enfila contra Gómez Urrutia, luego de 16 años sin hacerlo. Por vil venganza contra el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha luchado contra la subcontratación (outsourcing), junto con el presidente de la república, a favor de las y los trabajadores, casi 5 millones, con la abierta oposición de los empresarios y los oligarcas (que nunca dan la cara), apoyados por Luisa Alcalde por escrito en el Senado, pero que ahora al mando de AMLO cambia de bando.
Germán Larrea está acostumbrado a la vendetta y a actuar detrás de otros para imponer su voluntad e intereses, aún contra la ley y la Constitución. El gobierno de Zedillo privatizó el ferrocarril de carga (el de pasajeros lo destruyó en un acto irracional), y lo entregó a Germán Larrea. Y en todas sus empresas Larrea metió la subcontratación; él está detrás del laudo de la JFCA.
La JFCA no cambia en la 4T, sigue como en los gobiernos de antes
Hemos venido insistiendo que es del dominio público, de trabajadores y abogados que asisten a la JFCA, que no se ha erradicado la corrupción, que sigue prevaleciendo la influencia patronal en las autoridades y que no es independiente ni imparcial;siendo la principal del país en impartir justicia laboral, no lo hace.
El proyecto de cambio de la JFCA, hasta ahora, solo ha sido la reforma laboral de 2019, en el papel, sin tocar la Junta en lo más mínimo, en la práctica sigue igual que antes, como en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Se creyó que sería fácil sustituir las juntas —federal y estatales— en el proyecto, pero resultó un grave error porque la JFCA atendía a fines de 2018 un total 430 mil expedientes —428.5 mil individuales y 1,505 colectivos— (El Economista, 28-XI-18), y para fines de 2020 atendía 550 mil en total; en dos años aumentó 120 mil expedientes, e influyó la pandemia actual. Por lo que para 2025 seguirá con el mayor volumen de asuntos y como el principal tribunal del país; solo hasta 2028 o 2030 los nuevos tribunales judiciales del trabajo pasarán a ser los principales.
Así que, cuando el gobierno de AMLO intenta y logra erradicar la corrupción en varios ámbitos de la vida pública, la JFCA sigue igual. Al grado de que ni la reforma laboral de 2019 puede aplicar en los hechos, sigue siendo un proyecto, de Arturo Alcalde y Luisa Alcalde, en el aire; y todas aquellas mesas de trabajo de 2019 para implementar la reforma laboral quedaron en buenas intenciones.
No es la primera vez que la presidenta de la JFCA inclina loslaudos a favor de patrones y en contra de los trabajadores, en particular contra el Sindicato Minero; en el caso de PKC, de ciudad Acuña, Coahuila, la empresa cínica y a la vista de la autoridad, el 28 de noviembre de 2018, en el recuento de votos por la demanda de titularidad del contrato colectivo, permitió que de su interior salieran los golpeadores de la CTM a romper el recuento y que huyeran a través de sus instalaciones, lo que constó en el expediente asentado por las autoridades, pero a la presidenta María Eugenia Navarrete no le importó, al emitir un laudo a favor de la CTM en 2019, pero en el fondo a favor de la empresa.
En estos días la JFCA “extravió” el expediente de Teksid, la filial de la FIAT italiana en Coahuila, en donde desde hace dos años el Sindicato Minero ganó el recuento por la titularidad del contrato colectivo a dos sindicatos de la CTM, sin que hasta hoy secumpla la ley, ya que sigue un largo trámite y extravíos, gracias a la JFCA y su titular.
En el panorama general, no se han cambiado los contratos colectivos de protección patronal (CCPP), ilegales y denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que tanto empeño puso Arturo Alcalde en denunciar, antes, no ahora,que son un cáncer para el país junto con la subcontratación y los sindicatos arrebatados a de trabajadores por los patrones como Germán Larrea en Monterrey, Bailleres en Zacatecas, Ancira en Coahuila y otros más.
El ejercicio del voto secreto, libre y personal para elegir losdirigentes de un sindicato, o para aprobar o no el convenio de una revisión salarial o contractual, sigue sin aplicarse en la mayoría de los casos porque no hay autoridad que lo haga ni que legitime los contratos colectivos para ajustarlos al artículo 123 constitucional de 2017 y la Ley Laboral de 2019, porque la autoridad no lo hizo ni lohace, ni tampoco se modifican los estatutos tradicionalmente antidemocráticos, para ajustarlos a la Constitución y Ley Laboral vigentes.
La Secretaría del Trabajo quiso realizar en noviembre de 2020la elección de secretario general del sindicato petrolero, sin reformar primero el estatuto antidemocrático de Romero Deschamps. Se suspendió por la pandemia, no por la ilegalidad del estatuto. Igual ocurre en el SUTERM, en el ferroviario, la CTM, etc.
La misma STPS ha declarado que apenas inicia la legitimación de los contratos colectivos del país, y tampoco cumple el compromiso de México en el T-MEC, capítulo laboral, de realizar una campaña de concientización de trabajadores y empresarios para implementar en el país la Libertad Sindical. ¿Qué esperan la STPS y la JFCA para impulsar los cambios? Si no pueden es mejor que renuncien, para que se pueda cumplir con las leyes y la justicia laboral y sindical, indispensables y urgentes para la democracia nacional.
No podrá haber democracia y justicia en el país si las y los trabajadores no recuperan sus sindicatos y estos cumplen su finalidad de defensa de los propios trabajadores, de sus derechos e intereses.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
