Por: Manuel De la Torre Rivera
México se considera el sexto país más desigual de América Latina –detrás de Brasil, Colombia, Honduras, Panamá y Paraguay, además, el 10 por ciento más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10 por ciento más pobre.
Entre 2012 y 2018, periodo que comprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, no cedió la desigualdad en México. Hubo unainsignificante reducción en la pobreza, pero la distribución del ingreso no tuvo variación en esos seis años, exhibe un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos datos explican por qué al llegar Andrés López Obrador, AMLO, al gobierno del país, declarara aquella famosa frase de “Primero los pobres”.
El gobierno de AMLO ha hecho enormes esfuerzos para mejorar el salario de los trabajadores a pesar de la crisis del sistema capitalista y de la afectación por la pandemia por Covid, que ahora se ve amenazado por la guerra de Ucrania, pero a pesar de esto, un importante sector de los y las trabajadoras que se dedican al trabajo doméstico, pueden ver mejorada su situación socio económica por la reciente aprobación del pleno del senado con 104 votos a favor y ninguno en contra, de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reconocer los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores del hogar.
Los integrantes de este sector suman una población de 2 millones y medio de personas. En virtud de las modificaciones aprobadas por unanimidad, las personas trabajadoras domésticas (94 por ciento de las cuales son mujeres) tendrán acceso a los cinco seguros provistos por el instituto: de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía y vejez, y de guardería y prestaciones sociales. La reforma considera la creación de un esquema simplificado, distinto del régimen general, que facilitará a los empleadores realizar el registro y el pago correspondiente.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, destacó la enorme deuda que tenemos con un sector de la población que está conformado principalmente por mujeres, quienes históricamente se han hecho cargo de las tareas domésticas y de cuidados sin la retribución debida y con nulo reconocimiento. En efecto, la legislación aprobada es un avance muy relevante en materia de justicia laboral y social, así como un primer paso para corregir inequidades que de manera ancestral han sido perpetuadas y normalizadas en detrimento de grupos sociales que padecen múltiples formas de discriminación.
Para que la ley se traslade a la realidad en beneficio de las trabajadoras del hogar y sus familias, el principal desafío reside en la concientización de los empleadores, pertenecientes, en su gran mayoría, a las clases media y alta. No es ningún secreto que en estos sectores prevalecen concepciones del trabajo doméstico discriminatorias e incluso denigrantes, en las que las trabajadoras son vistas como receptoras de caridad o sujetos de servidumbre, no como prestadoras de un servicio que debe ser retribuido de manera justa.
Para ello, los patrones deberán cumplir la ley; las autoridades, vigilar su adecuada aplicación, y las empleadas, exigir sus derechos como tales.
