Aprueban dictámenes para solicitar que se regule el tráfico de armas y se revisen protocolos de protección civil en espectáculos.
En reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, sus integrantes aprobaron los dictámenes de dos puntos de acuerdo.
El primero para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria, así como de la Fiscalía General de la República a efecto de que realicen medidas urgentes y contundentes para impedir que, en las fronteras, litorales y aduanas se introduzcan de manera ilícita armas de fuego y proyectiles, y se persiga y sancione con eficacia a quienes introduzcan, acopien, trafiquen y/o porten de manera ilícita estos instrumentos en nuestro país.
El segundo para solicitar a los 46 Ayuntamientos que revisen y actualicen los protocolos, reglamentos y manuales de Protección Civil y Bomberos en donde incluyan apartados de análisis de riesgos preventivos, de la misma forma, reexaminar las disposiciones administrativas en la realización de espectáculos públicos masivos.
De igual manera, a la Secretaría de Seguridad Pública para que revise los permisos y certificaciones de las empresas y personal que prestan sus servicios como seguridad privada en la entidad y a la Comisión de Deporte para que informe detalladamente las medidas encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos, así como las acciones para garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebran eventos públicos masivos.
Asimismo, se radicó y aprobó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios para permitir que vehículos híbridos y eléctricos puedan prestar el servicio de taxis y servicio privado de transporte.
Dicha propuesta se remitirá a los ayuntamientos, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a la Coordinación General Jurídica y a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato; así como a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, para que remitan sus comentarios.
También se acordó la mecánica de estudio de tres iniciativas. Dos para reformar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la primera para implementar políticas de prevención y abatimiento de impunidad de delitos de alto impacto; la segunda, para eliminar un artículo relativo a la sanción para quien conduce en estado de ebriedad y evitar duplicidad de supuestos normativos.
La primera se remitirá a los ayuntamientos, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Coordinación General; mientras que la segunda en economía de procedimiento legislativo y a efecto de no duplicar o contradecir los trabajos que se realicen en cumplimiento a la metodología aprobada y desahogada por la Comisión de Justicia, se solicitará a dicha instancia legislativa el cuadro comparativo y concentrado de observaciones que se formulen.
La tercera, para modificar la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato con la finalidad de prohibir las emisiones de ruido provenientes de detonar artificios pirotécnicos en zonas habitacionales.
Esa se enviará a los ayuntamientos, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la Coordinación General Jurídica y a la décimo segunda región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; así como a la Fiscalía General estatal para que informe sobre la existencia de estadística y datos generales sobre carpetas de investigación abiertas y judicializadas con referencia a daños o siniestros causados por el uso de pirotecnia o explosivos.
Las iniciativas se difundirán en el portal del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, se realizarán mesas de trabajo y los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus opiniones.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Martín López Camacho (presidente), Rolando Fortino Alcántar Rojas y Bricio Balderas Álvarez