Diputados guanajuatenses presentaron una iniciativa para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El objetivo de la propuesta es implementar un mecanismo para garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación, salvaguardando los derechos humanos de las personas y estableciendo las directrices que los servidores públicos deben respetar para facilitar la celebración de manifestaciones en el estado.
En su exposición de motivos, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque refirió que es muy común que las personas, grupos sociales y simpatizantes ideológicos se manifiesten en las calles, a fin de exponer diferentes demandas, utilizando su voz como el medio para terminar con la violencia, corrupción, abusos de autoridad, entre otros.
“Autoritarismo e intolerancia se han vuelto ejercicios comunes para los gobiernos, mismos que al sentirse aludidos o agredidos, utilizan la fuerza del estado”, expresó.
La legisladora habló de algunas manifestaciones que se han llevado a cabo, tanto en el país como en la entidad, en las cuales se presentaron casos de represión, brutalidad policial y hostigamiento contra manifestantes, tales hechos, dijo, violentan los derechos humanos.
En ese sentido, Ortega Roque evidenció las lagunas en la legislación vigente para proteger la libertad de expresión, a pesar de que existen protocolos y mecanismos para evitar dichas conductas. Sin embargo, resaltó que como legisladores era su obligación comprender las problemáticas y atenderlas, a través de un marco normativo apegado a derechos humanos, respetuoso de la salud, dignidad e integridad de las personas.
“La presente iniciativa busca ser un mecanismo que permita a las personas manifestantes contar con el apoyo de las autoridades locales y estatales en el desarrollo de sus manifestaciones, estableciendo alternativas para solucionar sus peticiones”, puntualizó.
Asimismo, precisó que la propuesta pretende establecer los principios que deben desempeñar, antes, durante y después de las manifestaciones los elementos de seguridad, servidores públicos, ayuntamientos; así como las sanciones y procedimientos a los que serán sujetos aquellos que incumplan con lo antes mencionado.
Finalmente, la congresista mencionó algunos puntos que se contemplan en la propuesta, entre ellos, establecer un mecanismo para que toda persona que tenga intención de manifestarse cuente con la protección del estado; implantar los principios rectores para la aplicación y ejecución de las políticas públicas y protocolos en materia de libertad de expresión; e instaurar los derechos y obligaciones de las personas manifestantes; asentar de forma obligatoria, la presencia de cuando menos un representante por autoridad involucrada en las demandas o peticiones de los manifestantes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.
