En un desconcertante episodio de incompetencia institucional, la exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz enfrenta acusaciones de «Abuso de Autoridad» tras el cuestionable despido del contralor Miguel Cordero Saucedo y cinco empleados más.
A pesar de las graves implicaciones, la Fiscalía Anticorrupción parece no tener prisa por abordar este caso.
La vinculación a proceso, realizada el 20 de julio, ha quedado sumida en el misterio, ya que el Poder Judicial del Estado se muestra reticente a proporcionar detalles sobre la resolución del juez. Esta falta de transparencia no hace más que exacerbar las crecientes inquietudes sobre la eficacia de las instituciones anticorrupción en nuestra región.
La investigación de la administración de Beatriz Hernández surgió a raíz de presuntas irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado e involucran una suma considerable: más de 180 millones de pesos. A pesar de estas revelaciones, la espera de que se determinen responsabilidades se ha convertido en un ejercicio de paciencia, mientras la exalcaldesa evade la rendición de cuentas, ya se apunta para ocupar un curul en el Senado. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión profunda y la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, esenciales para restaurar la confianza pública y combatir la corrupción arraigada en nuestro sistema judicial.
