Con un salario de 96,150 pesos mensuales por cada uno de sus integrantes, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato fue establecido para vigilar y denunciar actos de corrupción en el gobierno. Sin embargo, pese a su alto costo para el erario, el CPC alega no tener facultades para presentar denuncias ante la Fiscalía, evadiendo precisamente la misión por la cual fue creado.

En total, el CPC tiene un costo anual de 5.8 millones de pesos para los guanajuatenses, pues cada uno de los cinco miembros recibe un salario anual de 1 millón 154 mil pesos. A pesar de este presupuesto, el comité ha limitado sus acciones a establecer vínculos con organizaciones académicas y sociales, realizar reuniones virtuales y pláticas, pero sin intervenir en los procesos de denuncia de corrupción en los organismos de gobierno.

La falta de acciones concretas y denuncias cuestiona la efectividad del CPC en su objetivo anticorrupción. El comité está conformado por Andrea Ludmila González Polak, quien se desempeña como presidenta, junto a los integrantes Giovanni Appendini Andrade, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, Juana López Ayala y Dolores Guadalupe Álvarez Orozco.