Luis Jair de Jesús ‘N’ fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por el asesinato del activista Adolfo Enríquez Vanderkam y el intento de homicidio contra un adolescente de 16 años que lo acompañaba. La sentencia, anunciada por la Fiscalía General de Guanajuato, refleja un proceso judicial exhaustivo respaldado por pruebas irrefutables que confirmaron la responsabilidad del acusado en estos hechos.

El crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2023, cuando Enríquez Vanderkam, conocido por su incansable labor en defensa de los derechos humanos, salía de una taquería en el centro de León acompañado de un joven. Según las autoridades, un hombre armado se les acercó y disparó a quemarropa. El ataque resultó fatal para el activista, quien murió en el lugar, mientras que el joven sufrió heridas graves. El agresor huyó, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial.

La muerte de Enríquez Vanderkam generó indignación entre diversos sectores de la sociedad, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por el simbolismo de su figura como defensor de causas sociales y crítico de las autoridades locales en materia de seguridad y justicia.

El 27 de noviembre, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, anunció la captura de Luis Jair de Jesús ‘N’, identificado como el principal responsable del crimen. Tras el juicio, su condena marca un precedente importante en la protección de los derechos de activistas y defensores sociales.

A pesar de la sentencia, organizaciones civiles y ciudadanos han señalado que garantizar justicia no termina con una condena. Han exigido medidas preventivas más efectivas para proteger a quienes luchan por causas sociales, argumentando que casos como el de Enríquez evidencian la vulnerabilidad de los activistas en México.

La familia del activista, aunque reconoce la importancia de la sentencia, subraya que su lucha continuará hasta que se logren condiciones de seguridad adecuadas para quienes defienden derechos fundamentales. “La justicia debe ir más allá de los tribunales; es necesaria una estrategia integral para prevenir la violencia que afecta a nuestra sociedad”, declaró uno de sus familiares.

Este caso se suma a una preocupante lista de ataques contra activistas en el país, destacando la urgencia de una acción gubernamental más decidida para garantizar la seguridad de quienes trabajan por el bien común.