Según lo estipulado en un decreto firmado por el presidente de la República, las víctimas del incendio en la Guardería ABC ocurrido en 2009, en Hermosillo, Sonora, recibirán una pensión vitalicia.  El documento fue publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 28 de septiembre del Diario Oficial de la Federación.

La pensión aplicaría a niños que resultaron con lesiones o que inhalaron humo o tóxicos, al igual que a las madres de los niños lesionados o en caso de haber inhalado tanto humo como tóxicos, al igual que a las maestras y demás adultos afectados.

De acuerdo al decreto se aplicará la medida equivalente a la Pensión Garantizada, prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.  El documento reconoce de forma indispensable el implemento de medidas para los padres de los pequeños fallecidos, además de los padres de niños con lesiones incapacitantes.

En el caso del fallecimiento de la madre o padre, las medidas indican que el importe de la medida que recibía se transferirá en favor del hijo o hijos que sobrevivan, los que recibirán la proporción correspondiente por sí mismos o por conducto de la persona representante legal, en el caso de los menores de edad.

Los niños lesionados o que hayan inhalado humo o tóxicos producidos del incendio, también recibirán becas de forma permanente; en donde se contemplan los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior en planteles oficiales y en territorio nacional.

Si bien el decreto entró en vigor el pasado 28 de septiembre, los pagos se aplicarán a partir de enero de 2025, con efectos retroactivos a su entrada en vigor y con cargo al patrimonio de fideicomiso público denominado “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del Incendio de la Guardería ABC”.

El incendio tuvo registro el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, donde 49 niños de menos de 5 años de edad, perdieron la vida, además causó lesiones, muchas de ellas irreversibles, en otros 104 menores; atendiendo en total a 936 personas reconocidas como víctimas, incluyendo 783 madres y padres y familiares en general.

El incidente comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora y se extendió a las instalaciones de la guardería.