Diputados electos de morena acudieron el pasado sábado a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato capital para difundir información destinada a los trabajadores de este organismo respecto a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la República.
En dicho evento se dieron cita los legisladores federales electos: Juana Acosta Trujillo, Lucero Higareda Segura, Magdalena Rosales Cruz, Francisco Estrada Domínguez y Ernesto Prieto Gallardo, los que durante la asamblea fueron reprendidos por empleados y por José Luis Rangel Jantes, líder sindical del Poder Judicial. Luego de este encuentro se concretó una cita para una rueda de prensa en las instalaciones del Congreso Local.
Lucero Higareda subrayó que el propósito de la asamblea era informar al pueblo de Guanajuato pero esta no pudo realizarse por las amonestaciones del personal del Poder Judicial, motivo por el que decidieron retirarse y realizar una rueda de prensa.
Por su parte, el diputado local y diputado federal electo, Ernesto Prieto Gallardo, precisó que la reforma propone implementar algunas modificaciones relacionadas con los ministros de la Suprema Corte, las cuales pretenden reducir el número de participantes y pasar de 11 a 9 integrantes, además de la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, reducir su periodo de cargo de 15 a 12 años y que sean elegidos por voto popular, modificando el artículo 95 de la Constitución para elegir por voto directo y secreto a los jueces; y que los salarios se adhieran al tope máximo establecido por el titular del ejecutivo federal.
Destacó que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta reforma contempla que la primera y segunda sala del tribunal sean eliminadas para que solo sesione el Pleno, además que dichas sesiones deberán ser públicas.
Magdalena Rosales expuso que el 66% de la población considera que los jueces son corruptos y que se tiene la idea de que no se puede llevar a cabo un juicio sin que exista dinero de por medio; señaló que ella y sus compañeros buscaban explicar esa percepción, sin estar en contra de los trabajadores; añadió que sí es uno de los poderes con más gasto público junto con la Suprema Corte.
Francisco Estada detalló que esta reforma es la madre de todas las reformas y dijo: “Uno de los poderes que durante años habían sido intocables, pronto será una realidad y va a pasar en la Cámara de Diputados. El pueblo de México fue claro y está de acuerdo porque hace falta una justicia pronto y expedita. Aquí en Guanajuato somos un claro ejemplo de lo que no queremos en lo que se conviertan las instituciones como lo es el Poder Judicial del Estado que está cooptado por el partido político en turno, que es Acción Nacional”. Otras de las propuestas de la reforma es sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que sea remplazado por los instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, en donde el primero estaría encargado de las funciones administrativas, de control interno y de elaborar el presupuesto del Poder Judicial; mientras que el segundo estaría conformado por cinco personas designadas para un periodo de seis años y cuyas funciones serían la recepción de denuncias de cualquier persona o autoridad e investigar a los ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
Asimismo, se plantean nuevas reglas procesales, tales como:
– Justicia expedita: contemplando un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.
– Suspensiones: donde se prohibe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
– Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
– Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
