A casi dos años del conflicto en Rincón de Tamayo y diez meses después de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al municipio de Celaya por el uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos humanos, el gobierno local aún no ha cumplido con todas las medidas solicitadas.

El 15 de enero de 2023, los habitantes de la comunidad se enfrentaron a la policía municipal cuando la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) asumió la administración y distribución del agua en la localidad. Posteriormente, 14 personas fueron detenidas y liberadas tras el pago de fianzas, mientras el proceso legal en su contra seguía su curso. Estas personas denunciaron violaciones a sus derechos por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal ante la CNDH, lo que originó la apertura del expediente CNDH/2/2023/1362/VG.

En julio del mismo año, la CNDH emitió recomendaciones al presidente municipal Javier Mendoza Márquez, entre las que se encontraba que el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, ofreciera disculpas públicas a los afectados. El 1 de septiembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cumplió con esta medida, pero aún quedan pendientes otras cinco recomendaciones.

Humberto Tinajero Alvarado, coordinador de Derechos Humanos del municipio, informó sobre el avance en el cumplimiento de estas recomendaciones. Destacó que dos puntos críticos permanecen sin resolver: la atención psicológica a los afectados, que está a cargo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y el pago de compensaciones, que aún está en proceso de ser determinado, ya que deben evaluarse los daños psicológicos de manera individual para fijar el monto adecuado.

Tinajero también mencionó que los fondos para estas compensaciones deberán ser cubiertos por el municipio, aunque buscarán apoyo del Gobierno del Estado para facilitar el cumplimiento.

Cabe recordar que durante el conflicto, 14 personas fueron detenidas, incluyendo tres mujeres y once hombres, quienes aún enfrentan cargos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones a policías y la privación ilegal de la libertad de empleados de JUMAPA.