Este sábado, durante la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Salamanca, se aprobó el tercer y último informe de gobierno de la administración 2021-2024. Con 9 votos a favor, el informe fue aceptado, marcando el cierre de un ciclo administrativo clave para la ciudad, teniendo como fecha el martes 24 de septiembre a las 9:00 horas, en Casa de la Cultura de la Zona centro
Sin embargo, la ausencia de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) fue notable. María Guadalupe Arredondo, Mayra Edith Gutiérrez, Iván Casillas y Diego Calderón no asistieron a la sesión, sin presentar ninguna justificación oficial. La regidora Herlinda Castillo también estuvo ausente, aunque se encuentra bajo investigación. Por su parte, Michelle Alcocer sí justificó su inasistencia.
El Presidente Municipal expresó su descontento ante la falta de compromiso de estos servidores públicos, subrayando la importancia de cerrar de manera responsable una administración en la que el pueblo depositó su confianza. «No deben olvidar que fue el pueblo quien les confió esta encomienda por tres años», señaló.
Además, se ha documentado que varios de estos regidores, durante horas laborales, no se encontraban en sus oficinas atendiendo a la ciudadanía. En cambio, dedicaban tiempo a proyectos personales, percibiendo salarios de aproximadamente 40 mil pesos mensuales y aprovechando la flexibilidad de no tener que estar de manera presencial en la Presidencia Municipal.
En un incidente que generó aún más controversia, la regidora Teresa Segovia, del PT, cuando fue cuestionada sobre sus propuestas en beneficio de Salamanca, respondió: “Ahorita, no me acuerdo”.
Por su parte, el presidente municipal, César Prieto, indicó que De entrada yo creo que como integrantes del Ayuntamiento elegidos por mandato popular, tendríamos que dar prioridad a nuestra responsabilidad que tenemos aquí en el cabildo.
INSERTO 1: PRESIDENTE MUNICIPAL, 40 SEGUNDOS)
Además de la aprobación del tercer informe de gobierno, se aprobó la integración de la comisión de protocolo de acompañamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
