En 1999, la central de abastos de Celaya se vio severamente afectada luego de que estallaran los puestos de pirotecnia que se encontraban en su interior. Dicho suceso marcó la vida de decenas de familias, por lo que se le denominó “el domingo negro”.

Luego de esto, las autoridades municipales de entonces prohibieron la distribución y quema de pirotecnia, asentando que quien llevara a cabo dichos actos se enfrentaría a graves sanciones, incluyendo el arresto de los infractores.

Pese a esta situación, los celayenses continúan haciendo uso constante de pirotecnia, sobre todo en fiestas patronales o en peregrinaciones religiosas donde los feligreses queman cuetes sin importarles la imposición de la ley.

Al respecto, Juan Miguel Ramírez, presidente municipal de Celaya, informó que entrando el 2025 buscan organizar mesas de diálogo con la ciudadanía y la misma iglesia, ya que afirma, hasta ahora la medida impuesta hace más de 20 años sigue sin ser atendida por los celayenses, poniendo en riesgo a la población.

Señaló que es de suma relevancia atender la situación, ya que en caso contrario hasta sacerdotes y feligreses podrían enfrentarse a sanciones penales debido a la aplicación de la ley.

Agregó que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es que en ciudades vecinas como Villagrán, Juventino, Los Apaseos y Tarimoro si venden pirotecnia y difícilmente puede regular su entrada y uso.

Por esta razón, Miguel Ramírez destacó que urge una reunión con los ciudadanos a fin de buscar una solución.

“La gente nos dice: ‘hagan cumplir la ley, mi perrito ya está bien estresado y ya se está muriendo, etcétera, mi gatito.’ Pero cuando hagamos cumplir la ley ¿ellos van a aceptar que a su párroco lo metan a la cárcel por violar la ley? Entonces hay un problema”, declaró el presidente municipal de Celaya.