Este lunes, trabajadores del Poder Judicial en todo el país han decidido suspender labores de manera indefinida en protesta por la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una iniciativa que pretende transformar profundamente la estructura y operación del sistema judicial mexicano.
La reforma, entre sus elementos más destacados, busca que jueces y ministros sean elegidos por voto popular, con el objetivo de que la ciudadanía tenga un papel directo en la selección de quienes imparten justicia. Este cambio responde a la necesidad de democratizar el Poder Judicial y acercarlo a la sociedad, permitiendo que los jueces y ministros no solo respondan a criterios técnicos, sino también al sentir y necesidades del pueblo. A través de este mecanismo, se pretende eliminar cualquier tipo de opacidad y asegurar que aquellos en los más altos cargos judiciales sean verdaderamente representativos de la voluntad popular.
Adicionalmente, la reforma contempla la reducción de sueldos y la eliminación de algunos privilegios de los altos funcionarios judiciales, en línea con la política de austeridad del actual gobierno. Esto es parte de un esfuerzo mayor por reducir las enormes brechas de ingresos dentro del sector público y asegurar que los recursos del país sean utilizados de manera más equitativa y justa.
La propuesta también busca reestructurar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre jueces y magistrados para garantizar que actúen con imparcialidad y transparencia. Asimismo, se plantea la implementación de límites en la duración de los cargos, lo cual podría evitar que ciertos jueces y ministros permanezcan en sus puestos de manera indefinida, promoviendo así una renovación constante en el sistema judicial.
No obstante, estos cambios han encontrado resistencia dentro del Poder Judicial. Durante la madrugada de este lunes, trabajadores independientes de varios circuitos de la Judicatura Federal cerraron simbólicamente las instalaciones en lugares como San Lázaro, Veracruz y el Estado de México, usando cadenas y candados para bloquear los accesos y colocando lonas y carteles en contra de la reforma. Según Juan Javier Jiménez Alcántara, secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, los empleados rechazan la propuesta de elegir jueces y ministros por voto popular, argumentando que esta medida podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha convocado a sus miembros a una votación para decidir si se sumarán al paro nacional. Esta jornada de votación, que se desarrollará hasta las 8:00 de la noche, podría marcar un punto de inflexión en el conflicto. De obtener un sí mayoritario, los jueces y magistrados podrían unirse al paro a partir del 21 de agosto, sin una fecha clara para su conclusión.
La oposición a la reforma por parte de los trabajadores del Poder Judicial pone de relieve las tensiones inherentes a un proceso de cambio que, aunque disruptivo, busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en uno de los poderes más importantes del Estado mexicano. La resistencia de jueces y magistrados, por tanto, no solo es una defensa de sus condiciones laborales y de la estructura actual del sistema judicial, sino también un rechazo a un modelo más abierto y participativo que, según el gobierno, podría hacer el sistema de justicia más accesible y equitativo para todos los mexicanos.
