La mañana del martes, el titular de la Contraloría de Salamanca, José Antonio Gutiérrez Serrano, declaró que no existe ningún tipo de perseguimiento en contra de la ex tesorera municipal, Herlinda Castillo Aguado, tal como ella lo había señalado en días pasados; sino que, quizás, se trata de una percepción que tiene la funcionaria.
«Considero que es una percepción y respetamos su opinión, pero yo, en lo particular, no tengo nada personal en contra de ningún funcionario y tratamos de apegarnos desde el principio a la legalidad y a los tiempos que nos marca la ley», declaró el contralor.
Afirmó que cada proceso tiene un tiempo definido de entre 3 y 7 años, dependiendo de la gravedad de la acusación. De hecho, hay algunos casos de 2018 que apenas están teniendo respuesta, y esto se debe precisamente a cada una de las acciones que se realizan como parte de la investigación.
«Los procesos administrativos duran, cuando son responsabilidad por faltas no graves; recordemos que tenemos hasta tres años para resolver esta situación, y en el caso de faltas administrativas graves, tenemos hasta siete años. Como hay un debido proceso, son situaciones muy técnicas y realmente no es un proceso lento, sino que, al final del día, el mismo procedimiento nos va marcando esa pauta», señaló.
Agregó que es la defensa del investigado quien puede prolongar o no los tiempos de la investigación, por lo que realmente no es algo que dependa directamente de la Contraloría.
«Dependiendo de la defensa y de los trámites administrativos, la defensa propia de ella misma irá generando que se vayan alargando los tiempos, como en un juicio normal», finalizó.
