El gobierno de Guanajuato ha adjudicado contratos por casi 3 mil millones de pesos a la empresa La Cosmopolitana S.A. de C.V., señalada por prácticas monopólicas, corrupción y compras a sobreprecio. Esta compañía es la única responsable del suministro de alimentos para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y los once centros penitenciarios del estado.

Desde marzo de 2018 hasta el pasado 20 de junio, el gobierno estatal otorgó 19 contratos a La Cosmopolitana, todos a través de adjudicación directa, sin que se consideraran otras propuestas de proveedores. El monto total de estos contratos asciende a 2 mil 961 millones 061 mil pesos.

De estos, solo 18 contratos son de dominio público, mientras que uno de los más recientes, firmado en junio de 2024 para el suministro de alimentos a los penales, fue clasificado como reservado hasta el año 2029, de acuerdo con el resolutivo RCT_1751_2024.

La empresa, propiedad del empresario Jack Landsmanas, ha estado bajo la lupa debido a las acusaciones de prácticas monopólicas y corrupción, así como de inflar precios en las compras realizadas. A pesar de estas denuncias, La Cosmopolitana ha recibido estos contratos sin competencia alguna, lo que ha generado suspicacias sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.

El monto total adjudicado a La Cosmopolitana supera los 2 mil 700 millones de pesos destinados al programa Escudo, el fallido proyecto de seguridad durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez, a cargo de la empresa Seguritech. Esto ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en Guanajuato.

La falta de licitaciones abiertas y la constante entrega de contratos por adjudicación directa han provocado críticas de expertos en temas de transparencia y buen gobierno, quienes señalan que este tipo de prácticas favorecen la corrupción y los monopolios. Además, organizaciones civiles han manifestado preocupación por la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y por la posible violación de las leyes de competencia.

Esta investigación fue realizada por el Periódico Correo, destacando la necesidad de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades y un llamado a la rendición de cuentas para garantizar que los fondos destinados a los servicios públicos se utilicen de manera justa, eficiente y transparente.