En Salamanca, continúan los reportes respecto a la ola de robos de motocicletas, hecho que revela una profunda sensación de inseguridad y una aparente inacción por parte de las autoridades locales. Entre junio y septiembre de 2025 se presentaron 128 denuncias por este delito, de las cuales, 24 fueron catalogadas como robos con violencia.

Los afectados, habitantes de diversas colonias y comunidades, incluido el primer cuadro de la ciudad, coinciden en que los robos ocurren a plena luz del día, a veces a escasos metros de patrullas o cámaras de vigilancia, lo que deja al descubierto un muro de impunidad que parece crecer cada día más.

Vecinos aseguran que el modus operandi es cada vez más audaz y hoy se observa a grupos armados que llegan en motocicletas, despojan a otros conductores de su vehículo y escapan sin que se observe un control efectivo.

Las cifras oficiales parecen contradecir la percepción ciudadana: mientras los reportes en redes sociales y entre las víctimas se multiplican diariamente, los registros formales de denuncias permanecían en cero durante 2024 y hasta mayo de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Fue hasta junio cuando comenzaron a acumularse los reportes.

Ante esto, los ciudadanos demandan no sólo un mayor patrullaje o cámaras, sino resultados concretos, es decir, detenciones, recuperación de unidades, procesos judiciales que no queden en trámite, toda vez que lo que más nos preocupa a la población es que este delito se normalice como una actividad cotidiana y que incluso ya no genere asombro.

Por su parte, la autoridad municipal mantiene que la denuncia formal es clave, mientras que algunos afectados alegan que el trámite es lento, que la policía no llega o que cuando lo hace, los delincuentes ya huyeron. Esta discrepancia entre la experiencia real de los ciudadanos y la respuesta institucional está generando desconfianza entre los salmantinos.

En este escenario, los vecinos empiezan a organizarse con grupos de WhatsApp, vigilancia vecinal y publicación de videos de los robos, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, advierten que la vigilancia ciudadana no debe sustituir la responsabilidad del estado.