Irapuato aprobó destinar 170 millones de pesos para arrendar 66 vehículos de seguridad durante tres años, convirtiéndose en el primer municipio de Guanajuato en sumarse a este modelo que ya aplican ciudades como Tijuana, Puebla y Hermosillo. 

El contrato, otorgado a Transporte Empresarial del Bajío, incluye patrullas, ambulancias, motocicletas y camionetas blindadas con mantenimiento y reposición garantizados, lo que, en el papel, promete una flota moderna y en operación antes de que termine el año.

El gobierno municipal defendió la decisión asegurando que este esquema permitirá un ahorro de 17 millones de pesos frente a la compra directa y que, además, evita el desgaste acelerado de patrullas cuya vida útil apenas alcanza cinco años en jornadas de 24 horas. Sin embargo, la justificación económica no convenció a todos: regidores de Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra, al advertir que el proceso de licitación careció de transparencia, pues las empresas finalistas están vinculadas entre sí y a un mismo grupo empresarial.

La polémica se agudiza porque el presupuesto aprobado era de hasta 198 millones de pesos, cifra mayor a la finalmente adjudicada, lo que abre la pregunta sobre el destino del excedente. A esto se suman antecedentes de incidentes relacionados con las compañías participantes, que si bien no fueron determinantes para el comité, alimentan la desconfianza ciudadana en torno a quiénes manejarán un contrato de tal magnitud.

Con la aprobación, Irapuato se suma a una tendencia nacional que promete patrullas nuevas y operativas, pero lo hace entre cuestionamientos que ponen el acento no solo en la eficiencia del gasto público, sino en la manera en que se toman las decisiones de seguridad. Habrá que esperar a finales de noviembre para comprobar si este modelo de arrendamiento cumple con su promesa de fortalecer la seguridad o si, como temen algunos, quedará marcado por la opacidad de su origen.