En Guanajuato, el Congreso estatal impulsa reformas al Código Penal y a la Ley de Protección Animal para endurecer las sanciones por maltrato y crueldad hacia animales.

Ante episodios de violencia contra mascotas, miles de ciudadanos han exigido castigos más severos, mientras autoridades apuntan a armonizar la normativa local con reglas federales y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

Actualmente, el Código Penal local impone penas que van de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 300 UMA (27 mil pesos aprox.) por matar o maltratar con violencia a un animal vertebrado; sin embargo, se propone elevar estos castigos, incluyendo prisión de hasta tres años para actos de crueldad extrema, como quemar a mascotas o inducirles sufrimiento innecesario.

Los diputados también buscan crear un registro estatal de personas condenadas por maltrato, además de incentivar a los municipios a adoptar sanciones administrativas por venta ilegal de animales domésticos, mutilaciones, sometimiento a sustancias tóxicas o abandono.

Aunque en 2024 se aprobaron reformas importantes, incluyendo el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes, la creación de clínicas veterinarias públicas y campañas de esterilización gratuitas, la implementación local sigue siendo fragmentaria. Solo León y Guanajuato capital han aplicado reglamentos concretos; el resto de los municipios permanece omiso, sin denuncias activas ni multas efectivas.

Casos recientes han encendido el debate público. En Xichú, se difundieron imágenes de gatos con cohetes amarrados a la cola; en León, un perro fue incinerado y en Celaya se reportaron envenenamientos masivos. Estos hechos provocaron reacciones duras de la sociedad civil y de las autoridades estatales, que han inaugurado carpetas de investigación y anunciado ajustes legales.

Pese a las novedades legislativas, instituciones como la Fiscalía y municipalidades han mostrado escasa proactividad. Denuncias se acumulan en trámites administrativos, y la capacitación limitada de agentes del Ministerio Público dificulta que las denuncias prosperen. Como señaló Paulina Abascal, de Corazón Animal, “cuando bajas a los reglamentos municipales, vienen muy limitadas… la gente no quiere denunciar”.

Expertos y legisladores coincidieron en que no basta con anunciar reformas: se requieren mecanismos que garanticen su cumplimiento. Proponen fortalecer fiscalías especializadas, capacitar a servidores públicos, armonizar la legislación en todos los municipios y construir un registro de agresores, para lograr un cambio de cultura que permita sancionar a quienes cometen violencia animal en Guanajuato.