Enero rompió récords y encendió alertas entre activistas.
A pesar de que en gran parte de México el aborto ha dejado de ser considerado un delito, en Nuevo León esta práctica continúa siendo castigada por la ley, y las carpetas de investigación por aborto alcanzaron en enero de 2025 su nivel más alto en la historia de la entidad. En ese mes se abrieron 25 investigaciones, superando incluso las cifras mensuales de años anteriores, lo que evidencia una tendencia creciente y preocupante.
En todo 2024, Nuevo León acumuló 175 casos bajo esta figura penal, lo que ya representaba un récord en la entidad. Con el registro de enero, en poco más de un año se acumulan 200 carpetas iniciadas.
Según el artículo 327 del Código Penal local, el aborto se define como “la muerte del producto desde la concepción” y se castiga con prisión para la mujer y para quien la apoye, además de sanciones para profesionales de la salud involucrados. Solo existen excepciones cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo o en casos de violación.
Este endurecimiento legal contrasta con el avance federal, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto y estableció criterios para su despenalización en todo el país. Sin embargo, Nuevo León no ha modificado su legislación, manteniendo el aborto como delito y dejando en una situación vulnerable a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La situación es aún más grave si se considera que Nuevo León está entre los estados con mayor número de muertes maternas relacionadas, con seis defunciones por aborto registradas en las primeras semanas de 2025. Mientras tanto, grupos feministas y colectivos locales han promovido reformas legales para armonizar el marco jurídico estatal con la jurisprudencia federal, pero hasta ahora no han logrado cambios concretos.
Este contexto ha generado críticas hacia las autoridades, ya que el aumento en carpetas de investigación suele traducirse en un uso punitivo que intimida a las mujeres y criminaliza a quienes brindan apoyo, principalmente hombres que facilitan el procedimiento. Así, en Nuevo León el aborto sigue siendo un delito vigente, a pesar de que la realidad social y los avances nacionales apuntan hacia la despenalización.
