Con el pago ya efectuado, las autoridades de Uriangato denuncian posibles irregularidades en la adquisición del rastro, acusando a exfuncionarios por falta de escrituración y negligencia administrativa, lo que provocó una afectación millonaria al erario.

El ayuntamiento de Uriangato presentó formalmente una denuncia por presunto fraude en la adquisición del terreno donde se ubica el rastro municipal. La acción legal se encaminó tras una operación en la que, según fuentes oficiales, habrían existido irregularidades en la compraventa y escrituración del predio.

La síndica municipal y representante legal, Martha Ortega Roque, precisó que, una vez cubierta la resolución judicial que obligó al municipio a pagar cerca de 2 millones de pesos al legítimo dueño, se detectaron inconsistencias en el proceso de escrituración. Señaló que tras revisar los documentos se observó que no hubo debida diligencia por parte de exfuncionarios. Se pretende que ahora la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado avancen en la búsqueda de responsables.

El caso del rastro se remonta a un litigio iniciado en 2021, en el cual un particular demostró su propiedad sobre ese terreno, alegando que la administración de 2000–2003 no completó el trámite de escrituración, lo que derivó en la pérdida de la propiedad municipal.

La deuda de 2 millones, más aproximadamente 220 mil pesos por costos legales, representa un impacto sustancial en un municipio con un presupuesto limitado, según manifestó Ortega Roque. En ese sentido, manifestó su preocupación por las restricciones que esto impone a las labores de gestión pública.

Tras asumir el pago, el gobierno municipal solicitó de inmediato intervenir a la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Interna para investigar posibles casos de negligencia o encubrimiento, en especial respecto a exfuncionarios relacionados con la omisión del trámite legal correspondiente.

De acuerdo con el exalcalde Ramón Pérez García (1995–1997), la negligencia se deriva de un descuido manifiesto cometido durante su administración y la subsiguiente, al no formalizar el título de propiedad en los años 2000–2003.

En conjunto, la denuncia pretende establecer responsabilidades civiles y penales, y recuperar la certeza jurídica sobre bienes municipales que fortalecen la capacidad operativa y financiera del gobierno local.