A finales de julio y comienzos de agosto, en Guanajuato se registraron dos hechos que han marcado la historia en materia de seguridad, el primero de ellos la masacre de seis empresarios en Yuriria y el segundo el hallazgo de una fosa clandestina en Irapuato con restos de al menos 32 personas.

El contraste no pudo ser más evidente. Mientras el secretario de Seguridad y Paz del Gobierno estatal publicaba en redes sociales que Guanajuato alcanzaba su «Cifra más baja de homicidios dolosos en ocho años», en Yuriria eran encontrados los cuerpos de seis hombres con signos de tortura extrema, entre ellos, empresarios y el presidente del colegio de arquitectos del municipio. Una violencia que desmiente los supuestos triunfalismos del gobierno.

De manera simultánea, en la comunidad La Calera de Irapuato, surgía otra escena de horror. A través de un proceso de investigación por desaparición forzada, la Fiscalía General del Estado ingresó a una finca donde se descubrieron restos humanos enterrados clandestinamente. Sin embargo, durante cinco días, las autoridades mantuvieron silencio, fue la presión del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte la que obligó a la Fiscalía a informar públicamente que se habían recuperado restos de 32 personas, aunque solo 15 habían sido identificadas. El colectivo denunció que esta forma de operar es un retorno a las prácticas opacas que caracterizaron la administración del exfiscal Carlos Zamarripa.

Durante una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Guanajuato, la tensión social se hizo sentir. En un evento realizado en Silao, los asistentes gritaron “¡Seguridad!”, tras escuchar el saludo de la presidenta a la gobernadora Libia Dennise García. La ovación inicial se convirtió en una exigencia colectiva, símbolo del hartazgo ante la violencia y el silencio institucional.