Un ciudadano salmantino relató la odisea que enfrentó para recuperar su motocicleta robada, luego de que el Ministerio Público de Salamanca se deslindara del caso pese a que la carpeta de investigación se abrió en esta ciudad. El vehículo fue localizado en Irapuato, donde finalmente se resolvió todo el proceso, dejando en evidencia la desorganización institucional y la falta de atención local.

El testimonio describe que “el día 28 de octubre vía WhatsApp, el Ministerio Público de Irapuato le habló
para decir que afortunadamente ya habían encontrado su motocicleta; desgraciadamente, por exceso de carga de trabajo no le iban a poder devolver la motocicleta hasta el día 3 de noviembre.”

Ante la situación, el afectado acudió al Ministerio Público de Salamanca para solicitar apoyo y acelerar el trámite, ya que no podía seguir desplazándose a Irapuato por motivos de trabajo. La respuesta fue tajante: “dijeron que no, que ellos no, aunque la carpeta de investigación se abrió aquí, que ellos no la están manejando, que ellos no recuperaron la motocicleta y que todo era con el Ministerio Público de Irapuato, que ya él se arreglara con el ministerio de Irapuato para todo el trámite.”

Pese a la negativa local, la licenciada del Ministerio Público de Irapuato volvió a comunicarse con la víctima y “le había dicho que probablemente se la podían devolver antes, para el 30 de octubre, pero desafortunadamente el perito todavía no hacía el procedimiento correspondiente.” Finalmente, el ciudadano fue citado y se le devolvió su motocicleta el 10 de noviembre, tras confirmarse que había un detenido y que el vehículo efectivamente tenía reporte de robo vigente.

El documento oficial del caso señala que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado “tuvieron a la vista un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta color negro sin placa de circulación; el conductor no portaba casco protector y manejaba en sentido contrario.” Al ser detenido, “manifestó no contar con ningún documento, pero que la motocicleta era suya, que no estaba chueca y que la acababa de comprar.” Al consultar el número de serie en el sistema C5, “el mismo arrojó reporte de robo vigente bajo la carpeta de investigación” originada en Salamanca.

Lo indignante para la familia es que, a pesar de eso, el caso se resolvió en otro municipio. En palabras del denunciante: “es increíble cómo Salamanca (…) tenga que apoyarse de ciudades vecinas para realizar sus propios conflictos internos.”

El testimonio también señala directamente la falta de trabajo de las autoridades municipales: “mejor en Irapuato hagan su trabajo, porque ya no solo vialidad no hizo su trabajo para agarrar la motocicleta; también el Ministerio Público tiene que hacer las diligencias de investigación por huevonada de ellos.”

En este contexto, el relato expone una doble falla: por un lado, la Dirección de Movilidad y Tránsito de Salamanca, que “no se pone las pilas para aplicar la ley ni mantener operativos efectivos”; y por otro, el Ministerio Público local, que evadió su competencia legal y se deslindó del caso. Aunque la motocicleta ya no se encontraba en territorio salmantino, el robo sí ocurrió aquí, y fue precisamente esa tibieza institucional la que permitió que el delito quedara fuera.

El caso se convierte así en una muestra de cómo la descoordinación entre dependencias y la falta de compromiso local pueden convertir un delito común en una historia de impotencia.

El caso se convierte así en una muestra de cómo la falta de coordinación entre dependencias termina afectando directamente a los ciudadanos, que deben acudir a otros municipios para obtener respuestas que deberían recibir en su propio lugar de origen.