El Congreso de Guanajuato está evaluando una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la forma de ver y atender el acoso sexual cometido por funcionarios públicos, la cual consta de convertirlo en una falta administrativa grave.

La propuesta ya fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que sea revisada por el Poder Judicial, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de las Mujeres, organismos autónomos y los 46 municipios del estado. Todas estas instancias tienen 20 días hábiles para emitir sus observaciones.

Además, el Instituto de Investigaciones Legislativas elaborará un estudio especializado, se habilitará un espacio de consulta ciudadana en el sitio web del Congreso y se convocará una mesa de trabajo con expertos para debatir el tema con profundidad.

Durante esa misma sesión, los legisladores también abordaron otros temas como la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal para reformar la ratificación de rangos superiores de la Guardia Nacional, y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que los diputados podrían quedar suspendidos de sus derechos y obligaciones parlamentarias cuando exista una imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente con resolución firme.

Según el diputado Rodrigo González Zaragoza, la iniciativa busca clarificar lagunas legales y definir con precisión el procedimiento para la sanción o inhabilitación de servidores públicos cuando incurran en acoso sexual.