El 2025 se perfila como el año con más investigaciones iniciadas contra servidores públicos en la última década en Guanajuato, tanto en el ámbito estatal como municipal. Entre enero y junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 82 carpetas de investigación, superando los registros de 2023 (77) y 2024 (76) en el mismo periodo.
Los casos abarcan desde presunto uso indebido de recursos públicos, hasta extorsiones y agresiones físicas, algunos de ellos captados en video y difundidos masivamente en redes sociales.
Entre los episodios más recientes destaca el del 21 de julio en Celaya, donde una colaboradora del gobierno municipal fue denunciada tras amenazar a un ciudadano con “desaparecerlo” por apenas dos mil pesos. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.
Un mes antes, el 16 de junio, el director de Medio Ambiente de Cortázar fue señalado por participar en una riña callejera. Y un día antes, en Salamanca, el alcalde y la presidenta del DIF local fueron denunciados por presuntamente promocionar su imagen en cobijas repartidas en colonias vulnerables.
Otro funcionario envuelto en polémica es Jorge Valencia Gallo, director jurídico del gobierno de Guanajuato capital, quien el pasado 29 de mayo fue acusado de agredir físicamente a un locatario del Mercado Hidalgo. Cabe recordar que Valencia Gallo ya había sido condenado por cohecho cuando era funcionario estatal; sin embargo, su sentencia de cuatro años y seis meses de prisión permanece suspendida tras promover un amparo.
La situación también ha alcanzado a los cuerpos de seguridad. El 28 de junio, ocho policías estatales fueron dados de baja y puestos a disposición del Ministerio Público tras ser acusados de intentar extorsionar a empleados de una gasolinera en Celaya. Dos semanas antes, un agente activo de la Policía Turística de Celaya fue detenido con armas, drogas, dinero en efectivo, credenciales y tarjetas presuntamente utilizadas en actividades de extorsión.
Pese al número récord de investigaciones, hasta el momento ningún caso ha sido judicializado, lo que genera cuestionamientos sobre la eficacia en el seguimiento de los procesos.
