Aunque el matrimonio igualitario puede realizarse en Guanajuato gracias a un decreto administrativo, su reconocimiento legal completo sigue pendiente en el Congreso del Estado. Una vez más, las y los legisladores prefirieron aplazar el debate, dejando en pausa un derecho humano fundamental.
A mediados de junio, la Comisión de Justicia del Congreso, controlada por el PAN, decidió posponer la discusión hasta septiembre, bajo el argumento de que era necesario “ampliar la consulta ciudadana”. Sin embargo, septiembre terminó y el tema continúa congelado, sin avances reales ni una fecha clara para su resolución.
Un activista por los derechos de la diversidad sexual recordó que, aunque la llamada Ley de la Diversidad Sexual representó un paso importante, sigue siendo insuficiente para garantizar la igualdad ante la ley.
Mientras tanto, las autoridades municipales y estatales permanecen indiferentes, sin impulsar políticas públicas que respalden los derechos de las personas de la comunidad LGBT+.
El activista exhortó al Congreso a retomar el análisis del matrimonio igualitario y otros temas pendientes, al señalar que “se trata de un derecho que tienen las personas de la diversidad sexual y de género.”
A pesar de los discursos oficiales sobre inclusión y respeto, la realidad sigue siendo desigual: las parejas del mismo sexo enfrentan trabas legales y sociales que les impiden acceder a derechos básicos como la seguridad social, la herencia o la adopción.
Finalmente, el activista destacó que no descartan buscar apoyo de otros colectivos para seguir presionando y garantizar que se cumplan sus derechos como ciudadanos.
Mientras el Congreso de Guanajuato continúa aplazando decisiones, la igualdad permanece detenida, y el reconocimiento del matrimonio igualitario sigue dependiendo de la voluntad política de unos cuantos.



































