El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una reforma constitucional que permitirá perseguir este delito por oficio, sin necesidad de denuncia previa.
La medida, impulsada desde el Senado como parte de una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer el combate legal contra una práctica que ha sembrado miedo, parálisis económica y desconfianza en todo el país.
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución Política, habilitando al Congreso de la Unión para legislar una Ley General contra la Extorsión, esta ley permitirá definir tipos penales específicos y homologar criterios en todo México, lo que se traduce en una estrategia más clara y contundente para enfrentar a los grupos criminales que utilizan la extorsión como herramienta de control social y económico.
Durante la sesión legislativa, se expusieron cifras que reflejan la gravedad del problema: en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, un delito que ha crecido 83% en la última década. En Guanajuato, el aumento ha sido especialmente preocupante, pues de solo 10 casos en 2015, se pasó a mil 222 en 2024.
Diputados de distintos partidos coincidieron en la urgencia de actuar, se habló de la extorsión como una amenaza directa a la libertad, la dignidad y la estabilidad de las familias, comerciantes y empresarios.
