En México, tres de cada diez mujeres víctimas de corrupción de menores son originarias del estado de Guanajuato.
La cifra revela la magnitud del problema en la entidad, en donde factores como la desigualdad, la falta de espacios seguros y la normalización del abuso incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes.
Organizaciones civiles insisten en que la prevención debe comenzar desde la educación y la creación de entornos seguros, pues solo así se podrá romper el ciclo de impunidad y garantizar que los niños y adolescentes crezcan libres de violencia y manipulación.
En México, el delito de corrupción de menores es sancionado con penas que varían según el código penal aplicado (federal o estatal) y las agravantes del caso. De acuerdo con el Código Penal Federal, las sentencias suelen oscilar entre 5 y 10 años de prisión, pero pueden aumentar significativamente si hay reincidencia, uso de violencia, o si la víctima es menor de 13 años de edad.
