La iniciativa, presentada por la gobernadora y nutrida por propuestas del propio gremio, la cual busca garantizar condiciones más seguras para quienes informan y defienden a la población guanajuatense.

Entre los cambios más relevantes está la reconfiguración del Consejo Estatal de Protección, que ahora incluye a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión de Atención a Víctimas, además de tres periodistas y tres defensores, en este punto se establece que los titulares de las dependencias que integran el Consejo deberán asistir al menos al 50 % de las sesiones ordinarias.

La reforma también otorga al Consejo la facultad de emitir pronunciamientos y exhortos ante situaciones que pongan en riesgo la libertad de expresión o la integridad de periodistas y defensores. Por otro lado, se establece el seguimiento obligatorio a denuncias presentadas ante Derechos Humanos y el Ministerio Público, siempre que estén relacionadas con agresiones sufridas en el ejercicio de estas mismas.

Aunque algunas propuestas del gremio no fueron incluidas, como la solicitud de sesiones mensuales o la evolución hacia un protocolo más robusto, la reforma representa un avance en la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos.