En un foro realizado en la Universidad Iberoamericana de León, familias buscadoras de personas desaparecidas denunciaron que su labor se realiza bajo constantes amenazas.

Señalaron que la violencia no solo afecta a quienes buscan, sino también a sus familias, y alertaron sobre la supuesta colusión de algunos anexos con redes de reclutamiento criminal.

Las activistas Olimpia Montoya, Verónica Durán, Bibiana Mendoza, Evelina Guzmán, Norma Barrón y Angélica Zamudio exigieron mayor protección y transparencia, al considerar grave que estos espacios reciban respaldo oficial pese a sus supuestos vínculos con actividades ilícitas.

El comisionado estatal de Búsqueda, Héctor Díaz, informó que se han intervenido 304 anexos como parte de las estrategias solicitadas por familiares. Sin embargo, asistentes al foro cuestionaron la eficacia de estas acciones, señalando que muchas fosas clandestinas siguen sin ser atendidas.

Javier Barajas, académico y padre de una víctima, criticó la imposición de líneas oficiales de búsqueda y recordó que él y su esposa María del Tránsito Piña debieron abandonar Salvatierra por amenazas, lo que deja ver el riesgo permanente que enfrentan los padres buscadores en todo el estado de Guanajuato.