Un grupo de mujeres pertenecientes a 15 colectivos se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir atención a la violencia vicaria y la violencia sistémica ejercida contra madres e hijos en México. Vestidas de novia, las manifestantes entregaron una petición formal para que la Corte atraiga el «Caso 992», considerado emblemático en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género y familiar.
De acuerdo con Ingrid Tapia, una de las activistas, la respuesta inicial de la SCJN fue limitada, pues fueron atendidas por un secretario de estudio de cuentas de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara y otros funcionarios que no tienen competencia directa en el tema. Tapia señaló que, de no haber bloqueado la calle, posiblemente ni siquiera habrían sido recibidas en la oficialía de partes.
Las manifestantes demandaron la modificación de siete criterios judiciales en un solo caso, destacando la necesidad de garantizar el derecho de las madres a proteger a sus hijos y a ellas mismas, así como a percibir las ganancias de su trabajo. También exigen el derecho a denunciar y obtener restitución en casos de robo o despojo por parte de sus parejas, así como la conservación de documentos personales fundamentales para su desarrollo profesional.
Otro de los puntos clave de su petición es el reconocimiento del derecho de las personas con condiciones neurodivergentes a acceder a la verdad y ser escuchadas con respeto en los procesos judiciales. Asimismo, denunciaron que el régimen de sociedad conyugal no garantiza equidad patrimonial, y que su aplicación ha perjudicado a aproximadamente el 70% de las mujeres casadas bajo este esquema.
Las activistas enfatizaron que la violencia vicaria ha alcanzado dimensiones alarmantes, afectando a millones de mujeres y niños en el país. Datos recientes señalan que más de 11.2 millones de mujeres en México enfrentan el incumplimiento de pensiones alimenticias, lo que impacta directamente a cerca de 28 millones de personas. Además, solo una de cada diez mujeres que demandan pensión logra hacer efectivo el pago, mientras que el 67.5% de las madres solteras sufren evasión de responsabilidades por parte de sus exparejas.
La situación en los tribunales también refleja las dificultades que enfrentan las madres. En 2022, el 40.5% de las sentencias emitidas fueron en materia familiar, pero menos del 25% de los casos ingresados se resolvieron mediante sentencia. Las mujeres que buscan justicia deben afrontar una carga probatoria desproporcionada, ya que se les exige demostrar el daño sufrido.
Dora María Talamán, representante de Mujeres Transformando Vidas AC, destacó que muchas de las mujeres que participaron en la protesta han sido abandonadas, no reciben manutención para sus hijos y enfrentan acusaciones infundadas al intentar protegerse. Señaló que, si la SCJN atiende el caso, podría beneficiar a 30.2 millones de mujeres víctimas de violencia en el país.
Por su parte, el abogado Esteban Sánchez Borboa advirtió que las protestas continuarán hasta obtener una respuesta concreta de la Corte. «Si es necesario, vendremos dos, diez o cien veces, hasta lograr justicia verdadera para las madres y los hijos abandonados de México», aseguró.
Con información de: EL UNIVERSAL
Fotografías: Francisco Rodríguez.
