El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para adicionar el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar la falsa atribución de paternidad. La propuesta contempla prisión de uno a cinco años, multas de 100 a mil días de salario mínimo y la obligación de resarcir el daño económico causado.
La medida busca penalizar a quienes registren a un menor atribuyendo falsamente la paternidad a una persona que no corresponde, así como a quienes se beneficien económicamente del engaño, ya sea ocultando, transfiriendo o adquiriendo bienes a través de la existencia del menor. La iniciativa se fundamenta, entre otros, en estudios que estiman que uno de cada 50 hombres ha criado a un hijo que no es biológicamente suyo sin saberlo.
La propuesta ha generado un intenso debate social y legislativo. Colectivos feministas han rechazado la medida, señalando que podría criminalizar a mujeres sin considerar contextos sociales y económicos, mientras que algunos sectores consideran que es necesaria para proteger a hombres de asumir responsabilidades parentales injustamente.
El debate continúa abierto, evaluándose tanto las implicaciones legales como las posibles repercusiones sociales de implementar sanciones penales por casos de falsa atribución de paternidad, en un contexto donde la discusión sobre derechos, responsabilidades y protección de la infancia sigue siendo prioritaria.
