Arturo Gómez Mosqueda, director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Guanajuato, se presenta públicamente como “contador público”, aunque no figura en el Registro Nacional de Profesionistas con título ni cédula profesional que lo respalden.
El asunto llama la atención porque Gómez Mosqueda fue quien en julio pasado notificó que dos obras de la artista guanajuatense Natalia Barajas serían retiradas de la exposición en el Centro Cultural Sabta Fe, dependencia del Congreso, por considerarlas “inadecuadas” para escolares. La combinación de estos hechos ha provocado cuestionamientos sobre su legitimidad profesional, así como sobre la idoneidad para ocupar un puesto de responsabilidad pública donde, potencialmente, se exige conocimiento técnico-profesional real y acreditado.
La falta de acreditación arroja dudas importantes de transparencia, confianza y cumplimiento legal en funciones públicas; sobre todo porque Gómez Mosqueda firma documentos en calidad de contador público sin contar con este requisito, algo que podría tener sanciones.
En términos políticos y administrativos, la función de quienes laboran en el Congreso, especialmente en áreas de Gestión, Vinculación Social o administrativas; requiere credibilidad, pues pueden tener responsabilidades sobre presupuestos, relaciones institucionales, coordinación entre dependencias, etc.
Si su profesionalización no está debidamente certificada, ello puede afectar la confianza ciudadana y poner en cuestión ciertas decisiones o actuaciones. Aunque no se reporta hasta ahora que Arturo Gómez haya sido obligado a renunciar ni sancionado, estos hechos podría generar presión para que el órgano legislativo revise sus requisitos de nombramiento o supervisión de su personal.
