El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) adquirió un inmueble con valor superior a 7 millones de pesos, mismo que fue entregado en comodato al Sistema DIF municipal para operar como Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) de carácter provisional, una operación que ha generado cuestionamientos por el uso de recursos públicos y la lógica administrativa detrás de una compra millonaria para un fin temporal.
De acuerdo con documentación que circula entre ciudadanos y medios, el inmueble aparece actualmente a nombre del organismo operador, con un valor fiscal aproximado de 7 millones 390 mil pesos. Posteriormente, la propiedad fue cedida en comodato al DIF, con el argumento de funcionar como espacio provisional para atención infantil.
A este debate se suma un dato que ha incrementado la atención pública: según las versiones difundidas junto con los documentos, la casa habría sido previamente propiedad de una familiar de Justino Arriaga Rojas, ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN). El señalamiento ha alimentado la exigencia de que se transparenten los criterios de selección del inmueble, así como el expediente completo de compra.
El punto que ha generado mayor inquietud no es únicamente el monto, sino el destino del bien. La figura del comodato suele utilizarse para usos gratuitos y temporales, lo que contrasta con el hecho de que se trata de una inversión millonaria realizada por un organismo cuya función principal es la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, no la adquisición de inmuebles para programas de asistencia social.
La pregunta central es inevitable: ¿por qué CMAPAS compró una casa de más de 7 millones de pesos para prestarla al DIF en un esquema provisional? Ciudadanos cuestionan por qué no se optó por alternativas de menor impacto financiero, como el arrendamiento, la adecuación de inmuebles ya existentes o una compra directa por parte del DIF, evitando comprometer recursos de un organismo técnico.
Hasta el momento, CMAPAS y el DIF Salamanca no han presentado públicamente el expediente completo de la operación —incluidos avalúos comparativos, dictámenes, justificación de compra, criterios de elección y condiciones del comodato— ni han aclarado el destino final del inmueble una vez que deje de operar como CADI provisional.
Por su monto y características, el caso ha colocado de nuevo en la conversación pública la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de recursos superiores a los siete millones de pesos y de decisiones administrativas que, por ahora, no han sido explicadas a detalle.
