La adquisición de un inmueble por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), destinado al Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI), ha provocado una ola de cuestionamientos ciudadanos por el uso de recursos públicos.

La operación fue concretada por un monto de 7 millones 390 mil pesos, cifra que para muchos salmantinos representa un gasto injustificado, especialmente considerando que el organismo operador del agua enfrenta rezagos en infraestructura hidráulica en distintas zonas del municipio.

La principal inconformidad gira en torno al origen del recurso. Ciudadanos señalan que CMAPAS tiene como responsabilidad prioritaria garantizar el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, por lo que destinar millones de pesos a la compra de un inmueble para un proyecto social, ajeno a su función sustantiva, resulta cuestionable.

En colonias y comunidades periféricas persisten necesidades como la instalación de tanques elevados, ampliaciones de red y mejoras en presión del servicio. Para los inconformes, antes de invertir en nuevas instalaciones administrativas o proyectos paralelos, el organismo debería atender dichas carencias.

El malestar también se ha dirigido hacia la administración municipal, encabezada por el presidente municipal, César Prieto, a quien algunos ciudadanos responsabilizan políticamente de la decisión. Sin embargo, el señalamiento central recae sobre CMAPAS por la determinación financiera.

Para parte de la ciudadanía, los casi 7.4 millones de pesos pudieron destinarse a fortalecer la infraestructura hidráulica, atender fugas recurrentes, modernizar redes o incluso reducir rezagos históricos en el servicio.

En redes sociales, usuarios han exigido transparencia sobre el proceso de compra, el avalúo del inmueble y la justificación técnica y financiera de la operación. Mientras la autoridad presenta el CADI como un proyecto con enfoque social, el debate público se centra en si corresponde a CMAPAS asumir ese tipo de inversiones.

La discusión no se limita al inmueble en sí, sino a la prioridad en el uso de los recursos públicos en un municipio donde el acceso eficiente al agua potable sigue siendo una demanda constante.